La compra irregular de maquinaria usada, la edificación de dos obras de mala calidad e incompletas y un requerimiento de destitución dictado por la Contraloría General de la República contra el alcalde Espiridión Mamani Quispe (MIP) son las principales razones que desataron el conflicto en el municipio de Desaguadero desde agosto de 2008.
Los comunarios de al menos nueve de los 12 cantones del municipio exigen la destitución de Mamani, para lo que efectuaron, hasta la fecha, dos bloqueos de la ruta que vincula Desaguadero con la ciudad de La Paz, el 19 de noviembre de 2008 y el 20 y 21 de mayo de 2009.
De acuerdo con el presidente del Comité de Vigilancia de Yanari, Mario Acarapi, el Alcalde compró una retroexcavadora y una volqueta a medio uso que hizo figurar en el Plan Operativo Anual (POA) como si fuesen nuevas, lo que además de ser una falsedad, viola la norma de municipalidades que prohíbe la adquisición de bienes usados.
Según un informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la adquisición se efectuó bajo la modalidad de contratación por excepción, hecho que no corresponde, pues las normas mandan la convocatoria de una licitación. El proceso se justificó por la norma emitida para “Contratación por emergencia nacional, departamental y municipal declarada el 25 de octubre de 2000”.
Además de esta irregularidad, dijo, inició la construcción de un estadio con una inversión de 100.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”; sin embargo, hizo desaparecer 500 bolsas de cemento y la obra quedó inconclusa.
También edificó el tinglado del multifuncional deportivo del pueblo con un costo de 159.588 bolivianos. Después de dos meses, la nueva estructura se vino abajo, lo que demuestra la mala calidad de la obra.
Según el presidente del Comité de Vigilancia de Desaguadero, Mario López, además de dichas irregularidades, la Contraloría de la República emitió un requerimiento de destitución del Alcalde por no haber iniciado un proceso coactivo orientado a recuperar 406.161 dólares de la anterior gestión municipal, en cuyo informe no se incluyen estos recursos.
La reacción
Acarapi recordó que los vecinos y los comunarios se reunieron el 9 de noviembre en la plaza principal y decidieron el cierre de la Alcaldía, además de la expulsión de la autoridad. Pero Mamani se fue al cantón Huancollo para proseguir con la administración municipal (ver apoyo).
Como no se cumplieron las determinaciones, el 19 del mismo mes bloquearon la vía, en cuya oportunidad, para suspender la medida, firmaron un acta de compromiso con la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien se comprometió a denunciarlo ante el Ministerio Público.
Según un informe proporcionado por ese despacho, a la fecha el caso de Desaguadero se encuentra en la Fiscalía y los acusados son el alcalde Espiridión Mamani Quispe; el presidente del Concejo Municipal, Samuel Quispe Ticona (MAS), y el secretario del ente fiscalizador, Eleuterio Quispe Huanca (MIP), por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y malversación.
La Alcaldía de Desaguadero administra anualmente 6 millones de bolivianos y, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 21 de abril de este año tiene las cuentas de recursos propios y de Participación Popular suspendidas por no haber presentado, en los plazos previstos, el Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto.
El abandono
La plaza principal del pueblo, donde se encuentra la Alcaldía, luce desolada, pues no hay actividad desde noviembre, la gente no se acerca para llevar a cabo ningún trámite y vive sin la atención de sus necesidades básicas, como el recojo de la basura.
Los comunarios también se quejan por la discriminación, pues aseguran que el Alcalde da prioridad a las obras para su pueblo, “como él es de Desaguadero, se olvida del resto”.
Lucio Mita (60) indicó que los cantones precisan proyectos productivos para desarrollar las comunidades.
Según Félix Plata, un vecino que reside en el pueblo de Desaguadero, únicamente la concejal Lucía Quispe respalda las determinaciones de los pobladores, pues los otros cuatro son afines al alcalde, es decir Samuel Quispe (MAS), Gloria Mamani (Seguridad Ciudadana), Eleuterio Quispe (MIP) y Primitiva Aru (MIP).
Él recordó que el año pasado, resultado del acuerdo con la viceministra Suxo, se optó por convocar al Alcalde para explicarle la situación y recibir su descargo, pero nunca se presentó.
Mamani también es acusado de hacer cobros en la tranca en cajas de cartón y sin entregar ninguna papeleta valorada, dinero que, al parecer, se suma a sus ingresos personales.
Tras el reciente bloqueo de la ruta que conecta el municipio con la ciudad de La Paz, los pobladores y comunarios de Desaguadero anunciaron que la próxima medida será indefinida si las autoridades del Gobierno no solucionan el conflicto, que según dijeron tiene postergado al municipio e impunes a los responsables de las anomalías cometidas desde la Alcaldía de esa localidad fronteriza.
La autoridad edil gobierna desde la localidad de Huancollo “para evitar enfrentamientos”
Desde el cierre de la Alcaldía de Desaguadero, en noviembre de 2008, la principal autoridad edil, Espiridión Mamani Quispe (MIP), cumple sus funciones en el cantón Huancollo para, según él, evitar un enfrentamiento entre los habitantes y salvaguardar su integridad física.
“Estamos trabajando desde aquí, también lo hace el Concejo Municipal, al menos hasta que se aclare todo”.
Mamani espera la resolución que emita un juez para retornar al municipio y a sus oficinas, mientras prefiere trabajar en un cantón lejos del centro de Desaguadero.
El Alcalde justifica los problemas existentes en el municipio y las denuncias en su contra por la presencia de un grupo reducido de comunarios que quiere afectarlo políticamente y para ello utiliza “todo tipo de mentiras”.
“Me quieren afectar porque yo insistí en que se posesionara el Comando Conjunto de lucha contra el contrabando, pero ellos no lo permitieron”.
Según la autoridad, las personas que se movilizan y realizan bloqueos como el que concluyó el jueves 21 son presionadas por las dirigencias vecinales con la no entrega del gas licuado de petróleo (GLP), pues son las juntas de vecinos las responsables de la distribución de los botellones de este carburante.
Los descargos
No obstante, admitió que adquirió maquinaria usada. “Compramos maquinaria seminueva, eso es correcto, así lo hicimos”.
Aseguró también que al inicio de su gestión, en 2005, instruyó una auditoría a la administración anterior a fin de recuperar los montos no declarados, por lo que, considera, el requerimiento de la Contraloría que pide su destitución no tiene razón de ser.
En cuanto a las obras, argumentó: “Tenemos la documentación necesaria para probar los desembolsos realizados, las contrataciones firmadas, las obras adjudicadas, por tanto, no tememos juicios y es más, seguiremos hasta demostrar la verdad”.
Mamani aseveró que no dejará el cargo y aguardará que la justicia se pronuncie a su favor para proseguir hasta las siguientes elecciones, cuando el pueblo elija a otro Alcalde. “No me iré ni tampoco puedo destituir a los concejales como ellos quieren, porque no hay nada en su contra”.
El municipio
Desaguadero se encuentra a unos 115 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Tiene 12 organizaciones territoriales de base y unos 5.000 habitantes.
Por su ubicación en la frontera con Perú, es zona de gran movimiento económico.
Su gente se dedica a la agricultura, ganadería y comercio en las ferias semanales.
Los acusados de supuesta corrupción son el Alcalde, el Presidente del Concejo y el Secretario.
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