La Fiscalía presentó una acusación formal en contra del ex alcalde de Guanay Edy Loayza (CIDOB) y el técnico contratado por la comuna Roberto Reyes por la supuesta malversación de 8.500 dólares y la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
El fiscal Félix Peralta, asignado al caso, explicó que una vez se emita la “acusación formal”, ya que se trata de una autoridad pública, ésta deja sus funciones, por tanto, Loayza estará impedido de administrar la comuna de Guanay.
La Prensa intentó comunicarse con el ex Alcalde, pero su celular estaba apagado, según la ex oficial mayor de la comuna Sofía Salas, porque “en el último tiempo está recibiendo amenazas”; sin embargo, si bien ella en un primer momento aceptó brindar una posición sobre el tema, posteriormente no contestó su celular.
En la actualidad, Guanay tiene una nueva autoridad edil, se trata de Leddy Machicado (CIDOB), quien fue elegida por el Concejo Municipal y ratificada por un cabildo en el que participaron los habitantes de las áreas urbana y rural del municipio.
Guanay se encuentra en el departamento de La Paz a unos 200 kilómetros de la sede del Gobierno. Está formada por una población urbana y cuatro cantones: Guanay, Santa Rosa de Challana, San Juan de Challana y Chacapa.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, entre algunos alimentos, pero también por la actividad minera, pues en esa región se ubican varias cooperativas auríferas. La actividad ganadera también ocupa a sus habitantes, que suman aproximadamente 12.500 personas.
Los problemas en este municipio comenzaron a finales de 2007 a raíz de una instrucción de la Contraloría de la República, que sugería la destitución de Loayza por no haber iniciado procesos coactivos en contra de las autoridades de gestiones anteriores a la suya con el objetivo de recuperar los montos adeudados a la Alcaldía.
De acuerdo con Machicado, desde ese entonces el malestar en la región fue creciendo porque, además, muchas obras quedaron truncas ante la ausencia de gestión del alcalde.
No obstante de la nota emitida por la Contraloría, Loayza presentó un amparo en Achacachi y lo ganó, y como consecuencia fue ratificado en el cargo.
El 8 de marzo de 2008 Loayza convocó a un cabildo, oportunidad en la que “su gente” agredió a los concejales hasta obligarlos a renunciar propinándoles chicotazos y golpes.
“Yo me salvé —contó Machicado— porque ese día no estuve en el lugar, me fui a mi comunidad, yo soy indígena”.
Posteriormente, señaló que los concejales presentaron un amparo para la restitución de sus funciones y lo consiguieron, pero los problemas no se superaron.
En diciembre, Loayza, cerró las oficinas de la Alcaldía con el argumento de que los concejales no lo dejaban trabajar.
Tras realizar gestiones ante las autoridades judiciales y con la presencia de un notario, los concejales y los pobladores reabrieron la Alcaldía, pero encontraron todo desmantelado.
Resulta, dijo Machicado, que Loayza se había llevado todos los objetos de valor, en especial computadoras y documentos.
El ex Alcalde presentó un nuevo amparo en Caranavi, pero en esa oportunidad la juez ordenó su destitución, luego de haberle favorecerlo en primera instancia.
El abandono
El representante del cantón San Juan de Challana, Silverio Mamani, lamentó todo lo ocurrido en el municipio e indicó que la región se sumió en un completo abandono.
De igual manera, el dirigente de la comunidad Nuevo Horizonte David Mamani señaló que la corrupción perjudicó las aspiraciones de la población, como acceder a electrificación.
Según la actual Alcaldesa, la ex autoridad edil cometió malversación de fondos al comprar un inmueble para las cooperativas mineras con recursos del Plan Operativo Anual (POA) sin que la obra estuviera considerada.
Incumplió sus funciones porque no realizó obras para la comunidad, por ejemplo, dijo, recibió 80.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” para edificar un colegio, pero apenas avanzó el 50 por ciento y dejó la obra inconclusa pese a contar con los recursos.
A la vez, indicó que la deuda de la Alcaldía es “enorme”, pero no precisó las cifras de los importes en electrificación pública, servicio de energía del hospital, pagos a la caja Cordes u otros.
El primer trimestre de 2009 fueron cambiados siete alcaldes
Entre enero y marzo de 2009, en el departamento de La Paz se registraron al menos siete cambios de alcalde debido a la ingobernabilidad generada como consecuencia de supuestos actos de corrupción cometidos por las autoridades ediles y miembros de los concejos.
De acuerdo con los datos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), los municipios que presentaron este tipo de problemas en La Paz son Mecapaca, Patacamaya, Pucarani, Coroico, Batallas, Guanay, Sicasica y Sorata.
En estos municipios el cambio del Alcalde se derivó de la presentación de acusaciones formales en su contra, toma de la infraestructura municipal e informe de suspensión.
De acuerdo con la norma electoral, las autoridades sustitutas estarán en el cargo transitoriamente hasta los próximos comicios, en 2010, cuando el voto de la comunidad elija a la nueva autoridad por cinco años.
Sin embargo, la lista de los municipios que tienen problemas de gobernabilidad aún es más amplia, según el registro del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, despacho que trabaja en la investigación de las denuncias que recibe y que luego remite al Ministerio Público.
Entre 2008 y 2009, este Ministerio recibió 109 denuncias, de las cuales a inicios de este año remitió nueve casos a la Fiscalía, el resto aún se encuentra en investigación, aunque, de acuerdo con una actualización de los datos, ya son más de diez los casos enviados a la justicia ordinaria. Entre éstos se hallan los municipios de Puerto Pérez, Caquiaviri, Guanay, Inquisivi, Achocalla, Palca, Aucapata, Pucarani y Sorata.
Acerca de Caquiaviri, el viernes 24 de abril, la Corte Superior del Distrito de La Paz, condenó a 12 años de cárcel a dos de sus ex autoridades.
El Tribunal Primero de Sentencia sentenció al ex alcalde Benjamín Ayala Cussi y al ex oficial mayor Román Laura Mamani.
Las ex autoridades edilicias fueron sentenciadas bajo cargos penales de malversación, peculado, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En oportunidad de conocerse este dictamen, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijo que “esta sentencia se constituye en un precedente para la sanción de los hechos de corrupción en municipios del país”.
En el afán de reducir e incluso eliminar la corrupción en esferas municipales, debido a que este ámbito representa un gran porcentaje dentro del total de las denuncias recibidas, el Ministerio de Transparencia impulsa el Programa de Transparencia, que incluye procedimientos de control social, rendición pública de cuentas, acceso a la información, orientados a promover la ética pública, lo que debe estar acompañado del cumplimiento de los plazos de investigación y sentencia por el Ministerio Público.
Los hechos
Los conflictos en Guanay inician a fines de 2007 por una nota de la Contraloría.
La entidad sugería la destitución del alcalde Edy Loayza por incumplir deberes.
Él presenta un amparo en Achacachi y logra su ratificación en el cargo.
El 3 de diciembre de 2008, la Alcaldía es cerrada por Loayza y “sus seguidores”.
El 12 de diciembre, el Concejo elige a Leddy Machicado como alcaldesa interina.
El 23 del mismo mes, el ente fiscalizador la ratifica y la nombra titular.
El 22 de enero de 2009, el Concejo y los pobladores logran reabrir las oficinas.
En esa oportunidad verifican que se robaron computadoras y documentos.
El 5 de abril se produce “un asalto” a la Alcaldía por los seguidores de Loayza.
El 19 de abril se realiza un cabildo que legitima a Machicado en el cargo.
El 28 de abril, la Alcaldesa logra la habilitación y el reconocimiento de su firma.
El ex alcalde de Guanay es acusado de malversación de 8.500 dólares.
El municipio
Guanay se encuentra a más de 200 kilómetros de la sede del Gobierno.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, además de la minería.
Cuenta con unos 12.500 habitantes entre el área urbana y la rural.
Los pobladores demandan escuelas, médicos , caminos y electrificación.
La actual Alcaldesa denunció agresiones por parte de Loayza, ex autoridad edil de Guanay.
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