Palca
Concejala embarazada fue maltratada: “En las puertas del Ministerio de Hacienda me han acorralado un montón de personas, estaba también el chofer del Alcalde, me han pegado con palos, estaba embarazada, ahora he perdido mi hijo, me querían secuestrar a mi municipio para quemarme…”
Municipio de Ancoraimes
El 21 de diciembre del 2006, dos concejalas de Ancoraimes que fueron expulsadas de sus cargos en el Gobierno Municipal.
¿La razón?
La fiscalización interpuesta por las mujeres por la compra irregular de una volqueta y el haberse negado a asistir a la ch’alla de la misma. Las autoridades del lugar las amenazaron, latiguearon y en cabildo decidieron su expulsión, sin derecho al cobro de ningún beneficio. “Me han empujado, me han insultado, también me han amenazado diciendo ‘te vamos a matar si no renuncias a tu cargo’….”, explicó una de las concejalas expulsadas.
Hasta el día de hoy, su denuncia no fue recibida por ninguna autoridad.
¿La razón?
La fiscalización interpuesta por las mujeres por la compra irregular de una volqueta y el haberse negado a asistir a la ch’alla de la misma. Las autoridades del lugar las amenazaron, latiguearon y en cabildo decidieron su expulsión, sin derecho al cobro de ningún beneficio. “Me han empujado, me han insultado, también me han amenazado diciendo ‘te vamos a matar si no renuncias a tu cargo’….”, explicó una de las concejalas expulsadas.
Hasta el día de hoy, su denuncia no fue recibida por ninguna autoridad.
Aljandro Hunaca no presento informe gestión 2008
El concejo municipal de Apolo, La Paz, mediante una ordenanza exige al alcalde un informe del avance de gestión. La resolución determina que el burgomaestre suspenda cualquier actividad a fin de presentar, lo antes posible, el referido informe.
Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del municipio de Apolo desde hace varias semanas demandan al alcalde Alejandro Huanca la presentación en detalle del informe de la gestión.
El presidente del ente deliberante, Luis Orlando Valencia, informó a Enlared-Onda Local que el alcalde hizo caso omiso a la petición y el concejo se vio obligado a aprobar la referida ordenanza.
“No podemos directamente nombrar a otro alcalde, tendría que haber las causales que la ley establece de renuncia o fallecimiento. Como están dados estos caminos, no podemos nombrar otro alcalde”, señaló el concejal Valencia.
El Comité de Vigilancia, señaló Valencia, efectuó por lo menos tres convocatorias para que el Ejecutivo municipal presente los informes de gestión; ninguna fue atendida.
“La alcaldía está abierta, está funcionando normalmente y solamente el alcalde no se aparece, el sábado, domingo, lunes y martes han estado esperando las organizaciones, el informe”, destacó la autoridad edil.
La resolución que demanda el informe de gestión fue aprobada este lunes 20 de julio.
“Nosotros hemos emitido la normativa para que él (Alejandro Huanca) deje de efectuar cualquier otro trabajo, sea viajes, comisiones a la ciudad o inauguración de obras en las comunidades”, fina
Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) del municipio de Apolo desde hace varias semanas demandan al alcalde Alejandro Huanca la presentación en detalle del informe de la gestión.
El presidente del ente deliberante, Luis Orlando Valencia, informó a Enlared-Onda Local que el alcalde hizo caso omiso a la petición y el concejo se vio obligado a aprobar la referida ordenanza.
“No podemos directamente nombrar a otro alcalde, tendría que haber las causales que la ley establece de renuncia o fallecimiento. Como están dados estos caminos, no podemos nombrar otro alcalde”, señaló el concejal Valencia.
El Comité de Vigilancia, señaló Valencia, efectuó por lo menos tres convocatorias para que el Ejecutivo municipal presente los informes de gestión; ninguna fue atendida.
“La alcaldía está abierta, está funcionando normalmente y solamente el alcalde no se aparece, el sábado, domingo, lunes y martes han estado esperando las organizaciones, el informe”, destacó la autoridad edil.
La resolución que demanda el informe de gestión fue aprobada este lunes 20 de julio.
“Nosotros hemos emitido la normativa para que él (Alejandro Huanca) deje de efectuar cualquier otro trabajo, sea viajes, comisiones a la ciudad o inauguración de obras en las comunidades”, fina
Fiscalía imputa a Alejandro Hunaca por desviar Bs 4 millones
La Fiscalía emitió la imputación formal en contra del alcalde de Apolo, Alejandro Huanca, y cuatro miembros del Concejo por hallar indicios de responsabilidad en la malversación de unos cuatro millones de bolivianos.
En vista de los presuntos actos de corrupción denunciados, los pobladores del municipio cerraron la Alcaldía desde el 11 de abril en demanda de la renuncia de esas autoridades.
Apolo se encuentra a 12 horas de viaje de la sede del Gobierno, en el norte paceño, se caracteriza por su producción de café, cítricos, goma, incienso, plátano, arroz y maní. Cuenta con 14.000 habitantes.
El Ministerio Público imputó a Huanca y los concejales los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, uso indebido de influencias y encubrimiento.
Alejandro Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue posesionado de la Alcaldía de Apolo el 19 de enero de 2005, cargo que aún ejerce pese a que no tiene pisada a las oficinas desde el 11 de abril.
De acuerdo con la presidenta del Comité de Vigilancia de ese municipio, Yamile Durán, “cansados los pobladores de tantas irregularidades y de la ausencia de obras” se reunieron en cabildo abierto el 11 de abril, en Apolo, y determinaron pedir el alejamiento de Huanca y los concejales. Para esto, decidieron cerrar las oficinas, las que a la fecha están custodiadas por los vecinos.
“Yo veo que el cierre de la Alcaldía no perjudica porque estando abierta igual no había trabajo ni, por tanto, obras”.
Huanca, en contacto con radio Panamericana, manifestó su desacuerdo con el cierre de sus oficinas y negó las acusaciones en su contra.
Aseguró que Durán desconoce las normas, por cuanto ‘’el cierre de la Alcaldía” no es su competencia, e informó que ha denunciado lo sucedido ante distintas instancias gubernamentales para que se logre revertir la medida. También espera que el Ministerio Público investigue y sancione a los cabecillas.
Según Huanca, el argumento para esa acción es una supuesta malversación de fondos. Explicó que en el POA 2009 se aprobó la compra de un parque automotor con “la debida licitación” y al parecer “esto no les gustó al Comité de Vigilancia y trataron de coartar”.
Pese a estos rechazos, Durán considera que la solución a esta pugna reside en que los concejales suplentes asuman funciones para que nombren a una nueva autoridad edil que ocupe el puesto al menos hasta las elecciones del próximo año.
Las acusaciones
La presidenta del Comité de Vigilancia indicó que Huanca, apoyado por el Concejo, aprobó el incremento de los gastos de funcionamiento de 22 a 25 por ciento y que el 6 de marzo compró equipos de excursión, entre linternas, carpas, ponchos, colchones y otros, por un valor de 14.000 bolivianos que nunca explicó para qué se necesitaban.
Así también, nunca hizo nada, y menos planteó un proceso, para recuperar casi dos millones de bolivianos que terceras personas adeudan a la Alcaldía, tampoco se sabe con qué argumentos se prestaron ese dinero.
Durán señaló que Apolo es un municipio postergado por la ausencia de obras viales y de infraestructura educacional y hospitalaria, además por la carencia de alcantarillado y energía eléctrica en algunos sectores, puesto que las autoridades de la comuna no invierten en ellas, pero sí hacen figurar en los Planes Operativos Anuales (POA) una misma obra por más de un año.
Otra irregularidad que citó Durán es la falta de distribución del desayuno escolar; sin embargo, en los estados financieros figura el gasto como realizado.
Consultado el concejal Félix Oblitas (Alianza Cívica del Norte, ACN) sobre estos extremos, los negó totalmente y señaló que “sí, hay acusaciones, pero aún no se comprobaron y pueden obedecer a intereses particulares o políticos”.
Oblitas rechazó el cierre de la Alcaldía, que ocurrió, según dijo, cuando estaban de visita en una población cercana para realizar una gestión conjunta, y adelantó que buscarán el procedimiento legal para reabrir la Alcaldía y reanudar las funciones.
En torno al desayuno escolar, dijo que la Alcaldía carece de recursos económicos para solventar su entrega a los estudiantes y que en la actualidad se está buscando financiamiento.
Durán señaló que el siguiente paso será gestionar el congelamiento de las cuentas, que en esta gestión constan de 13 millones de bolivianos.
En el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción confirmaron que la denuncia en contra de Huanca y los concejales se recibió el año pasado, desde cuando se trabajó en la investigación de los hechos para posteriormente pasar el caso al Ministerio Público.
En ese despacho se indicó que, como aún las autoridades no tienen sentencia, no han sido suspendidas de sus cargos.
La supuesta corrupción ocurrida en Apolo se suma a los diez casos similares que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, en los cuales las autoridades son acusadas de malversación, nepotismo y otros delitos.
La Alcaldía de Apolo está cerrada desde el sábado 11 de abril y custodiada por los pobladores.
En vista de los presuntos actos de corrupción denunciados, los pobladores del municipio cerraron la Alcaldía desde el 11 de abril en demanda de la renuncia de esas autoridades.
Apolo se encuentra a 12 horas de viaje de la sede del Gobierno, en el norte paceño, se caracteriza por su producción de café, cítricos, goma, incienso, plátano, arroz y maní. Cuenta con 14.000 habitantes.
El Ministerio Público imputó a Huanca y los concejales los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, malversación, uso indebido de influencias y encubrimiento.
Alejandro Huanca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue posesionado de la Alcaldía de Apolo el 19 de enero de 2005, cargo que aún ejerce pese a que no tiene pisada a las oficinas desde el 11 de abril.
De acuerdo con la presidenta del Comité de Vigilancia de ese municipio, Yamile Durán, “cansados los pobladores de tantas irregularidades y de la ausencia de obras” se reunieron en cabildo abierto el 11 de abril, en Apolo, y determinaron pedir el alejamiento de Huanca y los concejales. Para esto, decidieron cerrar las oficinas, las que a la fecha están custodiadas por los vecinos.
“Yo veo que el cierre de la Alcaldía no perjudica porque estando abierta igual no había trabajo ni, por tanto, obras”.
Huanca, en contacto con radio Panamericana, manifestó su desacuerdo con el cierre de sus oficinas y negó las acusaciones en su contra.
Aseguró que Durán desconoce las normas, por cuanto ‘’el cierre de la Alcaldía” no es su competencia, e informó que ha denunciado lo sucedido ante distintas instancias gubernamentales para que se logre revertir la medida. También espera que el Ministerio Público investigue y sancione a los cabecillas.
Según Huanca, el argumento para esa acción es una supuesta malversación de fondos. Explicó que en el POA 2009 se aprobó la compra de un parque automotor con “la debida licitación” y al parecer “esto no les gustó al Comité de Vigilancia y trataron de coartar”.
Pese a estos rechazos, Durán considera que la solución a esta pugna reside en que los concejales suplentes asuman funciones para que nombren a una nueva autoridad edil que ocupe el puesto al menos hasta las elecciones del próximo año.
Las acusaciones
La presidenta del Comité de Vigilancia indicó que Huanca, apoyado por el Concejo, aprobó el incremento de los gastos de funcionamiento de 22 a 25 por ciento y que el 6 de marzo compró equipos de excursión, entre linternas, carpas, ponchos, colchones y otros, por un valor de 14.000 bolivianos que nunca explicó para qué se necesitaban.
Así también, nunca hizo nada, y menos planteó un proceso, para recuperar casi dos millones de bolivianos que terceras personas adeudan a la Alcaldía, tampoco se sabe con qué argumentos se prestaron ese dinero.
Durán señaló que Apolo es un municipio postergado por la ausencia de obras viales y de infraestructura educacional y hospitalaria, además por la carencia de alcantarillado y energía eléctrica en algunos sectores, puesto que las autoridades de la comuna no invierten en ellas, pero sí hacen figurar en los Planes Operativos Anuales (POA) una misma obra por más de un año.
Otra irregularidad que citó Durán es la falta de distribución del desayuno escolar; sin embargo, en los estados financieros figura el gasto como realizado.
Consultado el concejal Félix Oblitas (Alianza Cívica del Norte, ACN) sobre estos extremos, los negó totalmente y señaló que “sí, hay acusaciones, pero aún no se comprobaron y pueden obedecer a intereses particulares o políticos”.
Oblitas rechazó el cierre de la Alcaldía, que ocurrió, según dijo, cuando estaban de visita en una población cercana para realizar una gestión conjunta, y adelantó que buscarán el procedimiento legal para reabrir la Alcaldía y reanudar las funciones.
En torno al desayuno escolar, dijo que la Alcaldía carece de recursos económicos para solventar su entrega a los estudiantes y que en la actualidad se está buscando financiamiento.
Durán señaló que el siguiente paso será gestionar el congelamiento de las cuentas, que en esta gestión constan de 13 millones de bolivianos.
En el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción confirmaron que la denuncia en contra de Huanca y los concejales se recibió el año pasado, desde cuando se trabajó en la investigación de los hechos para posteriormente pasar el caso al Ministerio Público.
En ese despacho se indicó que, como aún las autoridades no tienen sentencia, no han sido suspendidas de sus cargos.
La supuesta corrupción ocurrida en Apolo se suma a los diez casos similares que el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción remitió al Ministerio Público, en los cuales las autoridades son acusadas de malversación, nepotismo y otros delitos.
La Alcaldía de Apolo está cerrada desde el sábado 11 de abril y custodiada por los pobladores.
Municipio apolo
El municipio de Apolo (Franz Tamayo) está ubicado a 450 kilómetros de la ciudad de La Paz, y el 60% de sus 14.000 habitantes, para obtener algún ingreso, se dedica al cultivo de la hoja de coca.
Por eso, cuando el presidente Evo Morales llegó hasta Asariamas y prometió explorar y explotar el crudo que se va al río, los apoleños sintieron que por primera vez había una opción para pensar en un despegue de su economía.
“El pueblo no produce nada. Todo se trae de La Paz. Los jóvenes prefieren irse a otros países porque no tienen trabajo. Ahora que dicen que los venezolanos van a invertir para sacar nuestro petróleo hay más esperanza”, indicó Lourdes de Montaño.
Entre tanto el alcalde del lugar, Alejandro Huanca, se frota las manos cuando habla del petróleo que se esconde en la provincia Franz Tamayo.
Considera que Apolo es un pueblo pobre y olvidado por las autoridades del Gobierno central. En el lugar sólo hay una avenida asfaltada, las demás son de tierra, no hay señal para celulares y la electricidad recién llegó hace un año.
“Por el IDH recibimos cada año Bs 1,2 millones, ese dinero es muy poco y no alcanza para ninguna obra que se quiera realizar”, remarca Huanca.
Entre tanto, en el monasterio de Nuestra Señora de Nazareth las monjas tienen otra opinión sobre el petróleo.
Sostienen que no se debe esperar el milagro del oro negro e insisten en que el trabajo es la única solución frente a la pobreza.
Como muestra, son las únicas que producen las verduras que el pueblo consume. En sus diez hectáreas siembran tomates, repollos, acelgas, papas , yuca y cebollas.
Otros apuestan por la producción del café Madidi un trabajo que ocupa 241 familias que cada año generan 150 quintales del mejor café de grano verde. Sin embargo, nadie en el pueblo escapa a las promesas por el petróleo.
Cifras del lugar
De La Paz a Apolo
450 km
Son doce horas por tierra. Hace una década, para llegar a este pueblo, se tardaba 48 horas porque el único camino que existía iba a los Yungas; ahora, con la nueva carretera el tiempo es menor.
Los que viven en Apolo
14.000
Es la cantidad de personas, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas de 2001, que residen en este pueblo. Los jóvenes, ante la falta de trabajo, prefieren irse a la ciudad de La Paz o al exterior.
Por el IDH, en millones
Bs 1,2
Es lo que anualmente recibe el municipio por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Alcaldía sostiene que este dinero no alcanza para realizar ningún tipo de obra. Esperan mejorar sus ingresos.
Entrevista
Somos un pueblo pobre
Alejandro Huanca / Alcalde de Apolo
- ¿Cuáles son las necesidades de Apolo?
- En Apolo, las necesidades son múltiples. Nos falta todo. No contamos con recursos para mejorar las calles o iniciar trabajos de alcantarillado. El dinero es algo que por esta zona es escaso.
- ¿Qué expectativas tienen con las filtraciones de petróleo?
-En el pueblo estamos muy esperanzados. Sabemos que si se concretan estos proyectos el municipio tendrá un mayor IDH. Porque, la verdad, el actual de Bs 1,2 millones por año no sirve para nada. Apolo cada año tiene una mayor cantidad de habitantes pero menos dinero. Por eso estamos reclamando que los recursos naturales que tenemos en nuestro municipio sean explotados de una vez por todas.
- En Apolo ¿de qué viven las personas?
- Bueno cerca del 60% de los apoleños se dedica a las plantaciones de coca. Es la única fuente de trabajo que genera un importante ingreso para las personas de este municipio. Ésa es nuestra mayor actividad. Luego, en menor cantidad, hay personas que se dedican a la producción de café, al comercio y desde hace unos años el turismo es otra fuente de ingreso.
- ¿El pueblo cree en las promesas del Gobierno?
- Creemos que se explotarán los reservorios. Si eso no se hace seguiremos siendo pobres.
Por eso, cuando el presidente Evo Morales llegó hasta Asariamas y prometió explorar y explotar el crudo que se va al río, los apoleños sintieron que por primera vez había una opción para pensar en un despegue de su economía.
“El pueblo no produce nada. Todo se trae de La Paz. Los jóvenes prefieren irse a otros países porque no tienen trabajo. Ahora que dicen que los venezolanos van a invertir para sacar nuestro petróleo hay más esperanza”, indicó Lourdes de Montaño.
Entre tanto el alcalde del lugar, Alejandro Huanca, se frota las manos cuando habla del petróleo que se esconde en la provincia Franz Tamayo.
Considera que Apolo es un pueblo pobre y olvidado por las autoridades del Gobierno central. En el lugar sólo hay una avenida asfaltada, las demás son de tierra, no hay señal para celulares y la electricidad recién llegó hace un año.
“Por el IDH recibimos cada año Bs 1,2 millones, ese dinero es muy poco y no alcanza para ninguna obra que se quiera realizar”, remarca Huanca.
Entre tanto, en el monasterio de Nuestra Señora de Nazareth las monjas tienen otra opinión sobre el petróleo.
Sostienen que no se debe esperar el milagro del oro negro e insisten en que el trabajo es la única solución frente a la pobreza.
Como muestra, son las únicas que producen las verduras que el pueblo consume. En sus diez hectáreas siembran tomates, repollos, acelgas, papas , yuca y cebollas.
Otros apuestan por la producción del café Madidi un trabajo que ocupa 241 familias que cada año generan 150 quintales del mejor café de grano verde. Sin embargo, nadie en el pueblo escapa a las promesas por el petróleo.
Cifras del lugar
De La Paz a Apolo
450 km
Son doce horas por tierra. Hace una década, para llegar a este pueblo, se tardaba 48 horas porque el único camino que existía iba a los Yungas; ahora, con la nueva carretera el tiempo es menor.
Los que viven en Apolo
14.000
Es la cantidad de personas, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas de 2001, que residen en este pueblo. Los jóvenes, ante la falta de trabajo, prefieren irse a la ciudad de La Paz o al exterior.
Por el IDH, en millones
Bs 1,2
Es lo que anualmente recibe el municipio por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). La Alcaldía sostiene que este dinero no alcanza para realizar ningún tipo de obra. Esperan mejorar sus ingresos.
Entrevista
Somos un pueblo pobre
Alejandro Huanca / Alcalde de Apolo
- ¿Cuáles son las necesidades de Apolo?
- En Apolo, las necesidades son múltiples. Nos falta todo. No contamos con recursos para mejorar las calles o iniciar trabajos de alcantarillado. El dinero es algo que por esta zona es escaso.
- ¿Qué expectativas tienen con las filtraciones de petróleo?
-En el pueblo estamos muy esperanzados. Sabemos que si se concretan estos proyectos el municipio tendrá un mayor IDH. Porque, la verdad, el actual de Bs 1,2 millones por año no sirve para nada. Apolo cada año tiene una mayor cantidad de habitantes pero menos dinero. Por eso estamos reclamando que los recursos naturales que tenemos en nuestro municipio sean explotados de una vez por todas.
- En Apolo ¿de qué viven las personas?
- Bueno cerca del 60% de los apoleños se dedica a las plantaciones de coca. Es la única fuente de trabajo que genera un importante ingreso para las personas de este municipio. Ésa es nuestra mayor actividad. Luego, en menor cantidad, hay personas que se dedican a la producción de café, al comercio y desde hace unos años el turismo es otra fuente de ingreso.
- ¿El pueblo cree en las promesas del Gobierno?
- Creemos que se explotarán los reservorios. Si eso no se hace seguiremos siendo pobres.
Espiridión Mamani Quispe - Denunciado por malversación
La compra irregular de maquinaria usada, la edificación de dos obras de mala calidad e incompletas y un requerimiento de destitución dictado por la Contraloría General de la República contra el alcalde Espiridión Mamani Quispe (MIP) son las principales razones que desataron el conflicto en el municipio de Desaguadero desde agosto de 2008.
Los comunarios de al menos nueve de los 12 cantones del municipio exigen la destitución de Mamani, para lo que efectuaron, hasta la fecha, dos bloqueos de la ruta que vincula Desaguadero con la ciudad de La Paz, el 19 de noviembre de 2008 y el 20 y 21 de mayo de 2009.
De acuerdo con el presidente del Comité de Vigilancia de Yanari, Mario Acarapi, el Alcalde compró una retroexcavadora y una volqueta a medio uso que hizo figurar en el Plan Operativo Anual (POA) como si fuesen nuevas, lo que además de ser una falsedad, viola la norma de municipalidades que prohíbe la adquisición de bienes usados.
Según un informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la adquisición se efectuó bajo la modalidad de contratación por excepción, hecho que no corresponde, pues las normas mandan la convocatoria de una licitación. El proceso se justificó por la norma emitida para “Contratación por emergencia nacional, departamental y municipal declarada el 25 de octubre de 2000”.
Además de esta irregularidad, dijo, inició la construcción de un estadio con una inversión de 100.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”; sin embargo, hizo desaparecer 500 bolsas de cemento y la obra quedó inconclusa.
También edificó el tinglado del multifuncional deportivo del pueblo con un costo de 159.588 bolivianos. Después de dos meses, la nueva estructura se vino abajo, lo que demuestra la mala calidad de la obra.
Según el presidente del Comité de Vigilancia de Desaguadero, Mario López, además de dichas irregularidades, la Contraloría de la República emitió un requerimiento de destitución del Alcalde por no haber iniciado un proceso coactivo orientado a recuperar 406.161 dólares de la anterior gestión municipal, en cuyo informe no se incluyen estos recursos.
La reacción
Acarapi recordó que los vecinos y los comunarios se reunieron el 9 de noviembre en la plaza principal y decidieron el cierre de la Alcaldía, además de la expulsión de la autoridad. Pero Mamani se fue al cantón Huancollo para proseguir con la administración municipal (ver apoyo).
Como no se cumplieron las determinaciones, el 19 del mismo mes bloquearon la vía, en cuya oportunidad, para suspender la medida, firmaron un acta de compromiso con la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien se comprometió a denunciarlo ante el Ministerio Público.
Según un informe proporcionado por ese despacho, a la fecha el caso de Desaguadero se encuentra en la Fiscalía y los acusados son el alcalde Espiridión Mamani Quispe; el presidente del Concejo Municipal, Samuel Quispe Ticona (MAS), y el secretario del ente fiscalizador, Eleuterio Quispe Huanca (MIP), por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y malversación.
La Alcaldía de Desaguadero administra anualmente 6 millones de bolivianos y, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 21 de abril de este año tiene las cuentas de recursos propios y de Participación Popular suspendidas por no haber presentado, en los plazos previstos, el Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto.
El abandono
La plaza principal del pueblo, donde se encuentra la Alcaldía, luce desolada, pues no hay actividad desde noviembre, la gente no se acerca para llevar a cabo ningún trámite y vive sin la atención de sus necesidades básicas, como el recojo de la basura.
Los comunarios también se quejan por la discriminación, pues aseguran que el Alcalde da prioridad a las obras para su pueblo, “como él es de Desaguadero, se olvida del resto”.
Lucio Mita (60) indicó que los cantones precisan proyectos productivos para desarrollar las comunidades.
Según Félix Plata, un vecino que reside en el pueblo de Desaguadero, únicamente la concejal Lucía Quispe respalda las determinaciones de los pobladores, pues los otros cuatro son afines al alcalde, es decir Samuel Quispe (MAS), Gloria Mamani (Seguridad Ciudadana), Eleuterio Quispe (MIP) y Primitiva Aru (MIP).
Él recordó que el año pasado, resultado del acuerdo con la viceministra Suxo, se optó por convocar al Alcalde para explicarle la situación y recibir su descargo, pero nunca se presentó.
Mamani también es acusado de hacer cobros en la tranca en cajas de cartón y sin entregar ninguna papeleta valorada, dinero que, al parecer, se suma a sus ingresos personales.
Tras el reciente bloqueo de la ruta que conecta el municipio con la ciudad de La Paz, los pobladores y comunarios de Desaguadero anunciaron que la próxima medida será indefinida si las autoridades del Gobierno no solucionan el conflicto, que según dijeron tiene postergado al municipio e impunes a los responsables de las anomalías cometidas desde la Alcaldía de esa localidad fronteriza.
La autoridad edil gobierna desde la localidad de Huancollo “para evitar enfrentamientos”
Desde el cierre de la Alcaldía de Desaguadero, en noviembre de 2008, la principal autoridad edil, Espiridión Mamani Quispe (MIP), cumple sus funciones en el cantón Huancollo para, según él, evitar un enfrentamiento entre los habitantes y salvaguardar su integridad física.
“Estamos trabajando desde aquí, también lo hace el Concejo Municipal, al menos hasta que se aclare todo”.
Mamani espera la resolución que emita un juez para retornar al municipio y a sus oficinas, mientras prefiere trabajar en un cantón lejos del centro de Desaguadero.
El Alcalde justifica los problemas existentes en el municipio y las denuncias en su contra por la presencia de un grupo reducido de comunarios que quiere afectarlo políticamente y para ello utiliza “todo tipo de mentiras”.
“Me quieren afectar porque yo insistí en que se posesionara el Comando Conjunto de lucha contra el contrabando, pero ellos no lo permitieron”.
Según la autoridad, las personas que se movilizan y realizan bloqueos como el que concluyó el jueves 21 son presionadas por las dirigencias vecinales con la no entrega del gas licuado de petróleo (GLP), pues son las juntas de vecinos las responsables de la distribución de los botellones de este carburante.
Los descargos
No obstante, admitió que adquirió maquinaria usada. “Compramos maquinaria seminueva, eso es correcto, así lo hicimos”.
Aseguró también que al inicio de su gestión, en 2005, instruyó una auditoría a la administración anterior a fin de recuperar los montos no declarados, por lo que, considera, el requerimiento de la Contraloría que pide su destitución no tiene razón de ser.
En cuanto a las obras, argumentó: “Tenemos la documentación necesaria para probar los desembolsos realizados, las contrataciones firmadas, las obras adjudicadas, por tanto, no tememos juicios y es más, seguiremos hasta demostrar la verdad”.
Mamani aseveró que no dejará el cargo y aguardará que la justicia se pronuncie a su favor para proseguir hasta las siguientes elecciones, cuando el pueblo elija a otro Alcalde. “No me iré ni tampoco puedo destituir a los concejales como ellos quieren, porque no hay nada en su contra”.
El municipio
Desaguadero se encuentra a unos 115 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Tiene 12 organizaciones territoriales de base y unos 5.000 habitantes.
Por su ubicación en la frontera con Perú, es zona de gran movimiento económico.
Su gente se dedica a la agricultura, ganadería y comercio en las ferias semanales.
Los acusados de supuesta corrupción son el Alcalde, el Presidente del Concejo y el Secretario.
Los comunarios de al menos nueve de los 12 cantones del municipio exigen la destitución de Mamani, para lo que efectuaron, hasta la fecha, dos bloqueos de la ruta que vincula Desaguadero con la ciudad de La Paz, el 19 de noviembre de 2008 y el 20 y 21 de mayo de 2009.
De acuerdo con el presidente del Comité de Vigilancia de Yanari, Mario Acarapi, el Alcalde compró una retroexcavadora y una volqueta a medio uso que hizo figurar en el Plan Operativo Anual (POA) como si fuesen nuevas, lo que además de ser una falsedad, viola la norma de municipalidades que prohíbe la adquisición de bienes usados.
Según un informe del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la adquisición se efectuó bajo la modalidad de contratación por excepción, hecho que no corresponde, pues las normas mandan la convocatoria de una licitación. El proceso se justificó por la norma emitida para “Contratación por emergencia nacional, departamental y municipal declarada el 25 de octubre de 2000”.
Además de esta irregularidad, dijo, inició la construcción de un estadio con una inversión de 100.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”; sin embargo, hizo desaparecer 500 bolsas de cemento y la obra quedó inconclusa.
También edificó el tinglado del multifuncional deportivo del pueblo con un costo de 159.588 bolivianos. Después de dos meses, la nueva estructura se vino abajo, lo que demuestra la mala calidad de la obra.
Según el presidente del Comité de Vigilancia de Desaguadero, Mario López, además de dichas irregularidades, la Contraloría de la República emitió un requerimiento de destitución del Alcalde por no haber iniciado un proceso coactivo orientado a recuperar 406.161 dólares de la anterior gestión municipal, en cuyo informe no se incluyen estos recursos.
La reacción
Acarapi recordó que los vecinos y los comunarios se reunieron el 9 de noviembre en la plaza principal y decidieron el cierre de la Alcaldía, además de la expulsión de la autoridad. Pero Mamani se fue al cantón Huancollo para proseguir con la administración municipal (ver apoyo).
Como no se cumplieron las determinaciones, el 19 del mismo mes bloquearon la vía, en cuya oportunidad, para suspender la medida, firmaron un acta de compromiso con la entonces viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien se comprometió a denunciarlo ante el Ministerio Público.
Según un informe proporcionado por ese despacho, a la fecha el caso de Desaguadero se encuentra en la Fiscalía y los acusados son el alcalde Espiridión Mamani Quispe; el presidente del Concejo Municipal, Samuel Quispe Ticona (MAS), y el secretario del ente fiscalizador, Eleuterio Quispe Huanca (MIP), por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y malversación.
La Alcaldía de Desaguadero administra anualmente 6 millones de bolivianos y, de acuerdo con un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, desde el 21 de abril de este año tiene las cuentas de recursos propios y de Participación Popular suspendidas por no haber presentado, en los plazos previstos, el Plan Operativo Anual (POA) y su presupuesto.
El abandono
La plaza principal del pueblo, donde se encuentra la Alcaldía, luce desolada, pues no hay actividad desde noviembre, la gente no se acerca para llevar a cabo ningún trámite y vive sin la atención de sus necesidades básicas, como el recojo de la basura.
Los comunarios también se quejan por la discriminación, pues aseguran que el Alcalde da prioridad a las obras para su pueblo, “como él es de Desaguadero, se olvida del resto”.
Lucio Mita (60) indicó que los cantones precisan proyectos productivos para desarrollar las comunidades.
Según Félix Plata, un vecino que reside en el pueblo de Desaguadero, únicamente la concejal Lucía Quispe respalda las determinaciones de los pobladores, pues los otros cuatro son afines al alcalde, es decir Samuel Quispe (MAS), Gloria Mamani (Seguridad Ciudadana), Eleuterio Quispe (MIP) y Primitiva Aru (MIP).
Él recordó que el año pasado, resultado del acuerdo con la viceministra Suxo, se optó por convocar al Alcalde para explicarle la situación y recibir su descargo, pero nunca se presentó.
Mamani también es acusado de hacer cobros en la tranca en cajas de cartón y sin entregar ninguna papeleta valorada, dinero que, al parecer, se suma a sus ingresos personales.
Tras el reciente bloqueo de la ruta que conecta el municipio con la ciudad de La Paz, los pobladores y comunarios de Desaguadero anunciaron que la próxima medida será indefinida si las autoridades del Gobierno no solucionan el conflicto, que según dijeron tiene postergado al municipio e impunes a los responsables de las anomalías cometidas desde la Alcaldía de esa localidad fronteriza.
La autoridad edil gobierna desde la localidad de Huancollo “para evitar enfrentamientos”
Desde el cierre de la Alcaldía de Desaguadero, en noviembre de 2008, la principal autoridad edil, Espiridión Mamani Quispe (MIP), cumple sus funciones en el cantón Huancollo para, según él, evitar un enfrentamiento entre los habitantes y salvaguardar su integridad física.
“Estamos trabajando desde aquí, también lo hace el Concejo Municipal, al menos hasta que se aclare todo”.
Mamani espera la resolución que emita un juez para retornar al municipio y a sus oficinas, mientras prefiere trabajar en un cantón lejos del centro de Desaguadero.
El Alcalde justifica los problemas existentes en el municipio y las denuncias en su contra por la presencia de un grupo reducido de comunarios que quiere afectarlo políticamente y para ello utiliza “todo tipo de mentiras”.
“Me quieren afectar porque yo insistí en que se posesionara el Comando Conjunto de lucha contra el contrabando, pero ellos no lo permitieron”.
Según la autoridad, las personas que se movilizan y realizan bloqueos como el que concluyó el jueves 21 son presionadas por las dirigencias vecinales con la no entrega del gas licuado de petróleo (GLP), pues son las juntas de vecinos las responsables de la distribución de los botellones de este carburante.
Los descargos
No obstante, admitió que adquirió maquinaria usada. “Compramos maquinaria seminueva, eso es correcto, así lo hicimos”.
Aseguró también que al inicio de su gestión, en 2005, instruyó una auditoría a la administración anterior a fin de recuperar los montos no declarados, por lo que, considera, el requerimiento de la Contraloría que pide su destitución no tiene razón de ser.
En cuanto a las obras, argumentó: “Tenemos la documentación necesaria para probar los desembolsos realizados, las contrataciones firmadas, las obras adjudicadas, por tanto, no tememos juicios y es más, seguiremos hasta demostrar la verdad”.
Mamani aseveró que no dejará el cargo y aguardará que la justicia se pronuncie a su favor para proseguir hasta las siguientes elecciones, cuando el pueblo elija a otro Alcalde. “No me iré ni tampoco puedo destituir a los concejales como ellos quieren, porque no hay nada en su contra”.
El municipio
Desaguadero se encuentra a unos 115 kilómetros de la ciudad de La Paz.
Tiene 12 organizaciones territoriales de base y unos 5.000 habitantes.
Por su ubicación en la frontera con Perú, es zona de gran movimiento económico.
Su gente se dedica a la agricultura, ganadería y comercio en las ferias semanales.
Los acusados de supuesta corrupción son el Alcalde, el Presidente del Concejo y el Secretario.
Ruta a Palca
La Prefectura de La Paz inició en mayo de este año los trabajos para el asfaltado del 60 por ciento de la ruta que vincula la ciudad, desde la localidad de Apaña, colindante con Ovejuyo, con el municipio de Palca. Los pobladores de esa localidad demandan que se intervenga todo el tramo.
El técnico del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) dependiente de la Prefectura, Arturo Flores, explicó que la ruta en la que interviene la empresa Ecla-Convar-Olmedo, a la que se adjudicó la obra a finales de 2008, tiene 16 kilómetros desde Apaña hasta Ventilla.
Desde ese último punto faltan diez kilómetros para llegar al municipio de Palca. Este tramo es objeto de un estudio técnico, social, económico y ambiental.
En el ingreso al camino, desde Apaña, hay viviendas de ladrillo y de adobe de hasta dos pisos, algunas ubicadas lado a lado, pero a medida que se avanza por la vía se encuentran casas aisladas, que tienen como fondo los nevados, entre ellos el Illimani. En el campo crece la pajabrava y pace el ganado (vacas, ovejas y burros) cuidado por niños.
El proyecto Apaña-Ventilla, dijo Flores, consiste en el mejoramiento del camino a través de la construcción de cuatro puentes, drenajes, bermas (pequeñas pendientes a los costados del camino), apertura de curvas y ensanchamiento de la vía, además del posterior asfaltado.
Según el técnico, los puentes serán de 7,30 metros de ancho, de dos carriles, contarán con barandas y pasos peatonales en cumplimiento de las normas.
Los problemas
En un recorrido por esta ruta, La Prensa pudo evidenciar que es un camino angosto, de una sola vía, con algunos tramos empedrados y otros de tierra, y con huecos dispersos a lo largo del trayecto.
Las curvas son muy cerradas y dan al abismo, de modo que los motorizados deben realizar maniobras para dar paso a los que avanzan en sentido contrario.
Por la tarde, este medio halló a unos cuatro obreros de la empresa Ecla-Convar-Olmedo en el sitio denominado el Chullo. Ellos realizaban mediciones topográficas del terreno, como parte de los trabajos iniciados.
Más adelante, otro grupo formado por 30 trabajadores, según dijo Humberto (no dio su apellido), parte del equipo desplazado por la empresa planchaba el camino (compactaba la tierra) y luego la maquinaria ensanchaba la vía.
Humberto señaló que en ese punto se ubicaron cuatro retroexcavadoras.
Según Flores, la orden de proceder fue dada a la empresa el 6 de mayo, el plazo para ejecutar la obra fue fijado en 720 días, es decir que su conclusión está prevista para el 25 de abril de 2011 y su costo es de 55,3 millones de bolivianos, financiados con recursos de la Prefectura.
De acuerdo con uno de los consejeros de la provincia Murillo, Mauricio Quispe, hasta Ventilla las obras están encaminadas, pero el problema surge a partir de ese punto, porque el resto de la vía, hasta llegar a Palca, no está considerado en el proyecto de asfaltado, lo cual es de preocupación de los comunarios. Ellos necesitan esa ruta totalmente habilitada y en buenas condiciones para sacar su producción (oca, papa, durazno) a los mercados de la ciudad con mayor facilidad y en menos tiempo.
Quispe señaló que para la intervención de este último tramo de diez kilómetros es preciso que la Alcaldía de Palca entregue una contraparte (no especificó el monto) con la que se financie el proyecto, pese a que la ruta pertenece a la red departamental, administrada por el gobierno prefectural.
Éste es otro problema, dijo, pues la Alcaldía de Palca tiene las cuentas congeladas como consecuencia de un conflicto de gobernabilidad irresuelto.
Un estudio
Flores explicó que este tramo es parte del estudio técnico, social, económico y ambiental que realiza la empresa CONSA desde Ventilla pasando por Palca, hasta Quilihuaya, cruce Ramal, La Granja, un total 90 kilómetros.
Este estudio integral, que antes era conocido como estudio de diseño final, determinará el costo de la obra y los requerimientos de la ruta, que a partir de Palca es de tierra.
Este trabajo, que será entregado el próximo año, demandará una inversión de 234.000 dólares, que serán financiados por el gobierno departamental.
El dirigente campesino indicó que, si bien conocen de la realización de este estudio, el proyecto es para un futuro mediato y la necesidad que tiene la población de Palca es actual. La vía que conecta Ventilla con Palca tiene básicamente las mismas características de la ruta anterior que ingresa desde Apaña. Es angosta, con curvas cerradas y baches continuos.
A diario circulan por la ruta Apaña-Palca entre 50 y 100 vehículos, dependiendo de la época de producción. La afluencia es considerable en etapa alta, la que coincide con los meses de fin de año, en la que los comunarios sacan sus productos para la venta en los mercados.
Las alternativas
Debido a las obras de asfaltado que inició la empresa adjudicataria, los vehículos livianos, dijo Quispe, están aún transitando por esa vía, pese a la existencia de maquinaria, pero los motorizados pesados, como los camiones con carga, toman la ruta que comunica Palca con Río Abajo por Cohoni y Tahuapalca.
En la vía principal, unos metros más abajo de Chullo se habilitó un desvío que conduce a Palca por la parte baja.
Quispe calculó que el asfaltado de la vía Apaña-Palca puede beneficiar a unos 30.000 habitantes, pues hay cinco cantones que se encuentran cerca de la ruta principal y su gente emplea la vía.
La ruta es importante, destacó el consejero, porque, además de acelerar el tránsito de los usuarios, se dirige a Sud Yungas a partir del desvío de Ventilla.
Flores señaló que los comunarios de Palca usan varios caminos alternativos, pero éstos no están registrados en la red departamental, y señaló que esta vía es óptima, incluso para llegar a Cochabamba, por el trayecto: Lambate, La Plazuela, Inquisivi y Sacambaya. En la actualidad esta ruta es de tierra y próximamente será intervenida.
Un valle agrícola con líos limítrofes
El municipio de Palca se encuentra ubicado a unos 26 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es un valle que se caracteriza principalmente por que sus habitantes se dedican a la producción agrícola, sin dejar de lado la actividad ganadera.
Los cultivos principales son de papa, oca (tubérculo andino), haba, arveja, cebolla, maíz, cebada, alfalfa y, en las partes bajas de la zona, durazno, entre otras frutas comestibles.
Una buena parte de la papa y el maíz es guardada por los comunarios para consumo familiar, mientras que la cebada y la alfalfa se destinan a la alimentación del ganado y la mayoría de los otros productos se vende en los mercados de La Paz y El Alto.
La producción agrícola ocupa parcelas pequeñas por familias.
La gran parte de los agricultores de Palca usa abonos químicos y naturales, pero fumiga con productos químicos.
En cuanto a la arveja, en Palca se producen en dos variedades: amarete y arvejón.
El municipio de Palca mantiene desde hace años un problema de límites con el municipio de La Paz, lo cual ha ocasionado ocupaciones de terrenos en el área en conflicto.
Las autoridades de Palca reclaman como suyas las zonas de Calacoto Alto, Apaña, Ovejuyo, Achumani, Irpavi, Irpavi Alto, Achumani Alto, Pongo, Chicani, Callapa, Chinchaya, Villa Salomé, Pampahasi, Chuquiaguillo, Chucura, Santa Rosa de Callapa, Churaparqui y Pampahasi Bajo. También se encontrarían dentro de los límites palqueños Huaylla Huayllani, Hampaturi, La Cumbre, Puquichaca, Acero Marca, Hierbani, Checa Lupaca, Karpani, Sayaña Canchi, Ñequejahuira Kalahuancani, Milluni y Chinchaya Checa Lupasa. Éstas se encuentran en las jurisdicciones de las zonas Sur y San Antonio del municipio de La Paz.
Las condiciones de la vía
La ruta Apaña-Palca es empedrada, pero angosta para el paso de los vehículos.
Apaña se ubica después de Ovejuyo, en la zona Sur de la ciudad.
La distancia entre Apaña y Palca es de 26 kilómetros, que se cubren en unas tres horas.
Por esta ruta transitan a diario entre 50 y 100 motorizados de acuerdo con la época.
La zona es altamente productiva, por lo que precisa de rutas para transportar sus frutos.
El ancho de vía varía entre cuatro y seis metros según se avanza por el trayecto.
En época de lluvias suele presentar problemas que dificultan el tránsito.
El otro ingreso al municipio de Palca es por Río Abajo, que ahora es usado.
La intervención
La Prefectura del departamento de La Paz adjudicó este año a la empresa nacional Ecla-Convar- Olmedo los trabajos de asfaltado de la vía Apaña- Ventilla.
Esta ruta actualmente está empedrada y consta de 16 kilómetros.
La intervención consiste en la construcción de cuatro puentes de dos carriles, drenajes, asfalto y otros.
La obra estará concluida en 2011 y demandará una inversión de 55.390.875
de bolivianos.
La empresa CONSA está encargada de realizar un estudio técnico, económico, social y ambiental de la ruta que conecta desde Ventilla hasta La Granja, tramo que pasa por el municipio de Palca.
Este estudio demandará la inversión de 234.000 dólares.
Los resultados se conocerán el próximo año y permitirán buscar financiamiento y planificar la obra
El técnico del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) dependiente de la Prefectura, Arturo Flores, explicó que la ruta en la que interviene la empresa Ecla-Convar-Olmedo, a la que se adjudicó la obra a finales de 2008, tiene 16 kilómetros desde Apaña hasta Ventilla.
Desde ese último punto faltan diez kilómetros para llegar al municipio de Palca. Este tramo es objeto de un estudio técnico, social, económico y ambiental.
En el ingreso al camino, desde Apaña, hay viviendas de ladrillo y de adobe de hasta dos pisos, algunas ubicadas lado a lado, pero a medida que se avanza por la vía se encuentran casas aisladas, que tienen como fondo los nevados, entre ellos el Illimani. En el campo crece la pajabrava y pace el ganado (vacas, ovejas y burros) cuidado por niños.
El proyecto Apaña-Ventilla, dijo Flores, consiste en el mejoramiento del camino a través de la construcción de cuatro puentes, drenajes, bermas (pequeñas pendientes a los costados del camino), apertura de curvas y ensanchamiento de la vía, además del posterior asfaltado.
Según el técnico, los puentes serán de 7,30 metros de ancho, de dos carriles, contarán con barandas y pasos peatonales en cumplimiento de las normas.
Los problemas
En un recorrido por esta ruta, La Prensa pudo evidenciar que es un camino angosto, de una sola vía, con algunos tramos empedrados y otros de tierra, y con huecos dispersos a lo largo del trayecto.
Las curvas son muy cerradas y dan al abismo, de modo que los motorizados deben realizar maniobras para dar paso a los que avanzan en sentido contrario.
Por la tarde, este medio halló a unos cuatro obreros de la empresa Ecla-Convar-Olmedo en el sitio denominado el Chullo. Ellos realizaban mediciones topográficas del terreno, como parte de los trabajos iniciados.
Más adelante, otro grupo formado por 30 trabajadores, según dijo Humberto (no dio su apellido), parte del equipo desplazado por la empresa planchaba el camino (compactaba la tierra) y luego la maquinaria ensanchaba la vía.
Humberto señaló que en ese punto se ubicaron cuatro retroexcavadoras.
Según Flores, la orden de proceder fue dada a la empresa el 6 de mayo, el plazo para ejecutar la obra fue fijado en 720 días, es decir que su conclusión está prevista para el 25 de abril de 2011 y su costo es de 55,3 millones de bolivianos, financiados con recursos de la Prefectura.
De acuerdo con uno de los consejeros de la provincia Murillo, Mauricio Quispe, hasta Ventilla las obras están encaminadas, pero el problema surge a partir de ese punto, porque el resto de la vía, hasta llegar a Palca, no está considerado en el proyecto de asfaltado, lo cual es de preocupación de los comunarios. Ellos necesitan esa ruta totalmente habilitada y en buenas condiciones para sacar su producción (oca, papa, durazno) a los mercados de la ciudad con mayor facilidad y en menos tiempo.
Quispe señaló que para la intervención de este último tramo de diez kilómetros es preciso que la Alcaldía de Palca entregue una contraparte (no especificó el monto) con la que se financie el proyecto, pese a que la ruta pertenece a la red departamental, administrada por el gobierno prefectural.
Éste es otro problema, dijo, pues la Alcaldía de Palca tiene las cuentas congeladas como consecuencia de un conflicto de gobernabilidad irresuelto.
Un estudio
Flores explicó que este tramo es parte del estudio técnico, social, económico y ambiental que realiza la empresa CONSA desde Ventilla pasando por Palca, hasta Quilihuaya, cruce Ramal, La Granja, un total 90 kilómetros.
Este estudio integral, que antes era conocido como estudio de diseño final, determinará el costo de la obra y los requerimientos de la ruta, que a partir de Palca es de tierra.
Este trabajo, que será entregado el próximo año, demandará una inversión de 234.000 dólares, que serán financiados por el gobierno departamental.
El dirigente campesino indicó que, si bien conocen de la realización de este estudio, el proyecto es para un futuro mediato y la necesidad que tiene la población de Palca es actual. La vía que conecta Ventilla con Palca tiene básicamente las mismas características de la ruta anterior que ingresa desde Apaña. Es angosta, con curvas cerradas y baches continuos.
A diario circulan por la ruta Apaña-Palca entre 50 y 100 vehículos, dependiendo de la época de producción. La afluencia es considerable en etapa alta, la que coincide con los meses de fin de año, en la que los comunarios sacan sus productos para la venta en los mercados.
Las alternativas
Debido a las obras de asfaltado que inició la empresa adjudicataria, los vehículos livianos, dijo Quispe, están aún transitando por esa vía, pese a la existencia de maquinaria, pero los motorizados pesados, como los camiones con carga, toman la ruta que comunica Palca con Río Abajo por Cohoni y Tahuapalca.
En la vía principal, unos metros más abajo de Chullo se habilitó un desvío que conduce a Palca por la parte baja.
Quispe calculó que el asfaltado de la vía Apaña-Palca puede beneficiar a unos 30.000 habitantes, pues hay cinco cantones que se encuentran cerca de la ruta principal y su gente emplea la vía.
La ruta es importante, destacó el consejero, porque, además de acelerar el tránsito de los usuarios, se dirige a Sud Yungas a partir del desvío de Ventilla.
Flores señaló que los comunarios de Palca usan varios caminos alternativos, pero éstos no están registrados en la red departamental, y señaló que esta vía es óptima, incluso para llegar a Cochabamba, por el trayecto: Lambate, La Plazuela, Inquisivi y Sacambaya. En la actualidad esta ruta es de tierra y próximamente será intervenida.
Un valle agrícola con líos limítrofes
El municipio de Palca se encuentra ubicado a unos 26 kilómetros de la ciudad de La Paz. Es un valle que se caracteriza principalmente por que sus habitantes se dedican a la producción agrícola, sin dejar de lado la actividad ganadera.
Los cultivos principales son de papa, oca (tubérculo andino), haba, arveja, cebolla, maíz, cebada, alfalfa y, en las partes bajas de la zona, durazno, entre otras frutas comestibles.
Una buena parte de la papa y el maíz es guardada por los comunarios para consumo familiar, mientras que la cebada y la alfalfa se destinan a la alimentación del ganado y la mayoría de los otros productos se vende en los mercados de La Paz y El Alto.
La producción agrícola ocupa parcelas pequeñas por familias.
La gran parte de los agricultores de Palca usa abonos químicos y naturales, pero fumiga con productos químicos.
En cuanto a la arveja, en Palca se producen en dos variedades: amarete y arvejón.
El municipio de Palca mantiene desde hace años un problema de límites con el municipio de La Paz, lo cual ha ocasionado ocupaciones de terrenos en el área en conflicto.
Las autoridades de Palca reclaman como suyas las zonas de Calacoto Alto, Apaña, Ovejuyo, Achumani, Irpavi, Irpavi Alto, Achumani Alto, Pongo, Chicani, Callapa, Chinchaya, Villa Salomé, Pampahasi, Chuquiaguillo, Chucura, Santa Rosa de Callapa, Churaparqui y Pampahasi Bajo. También se encontrarían dentro de los límites palqueños Huaylla Huayllani, Hampaturi, La Cumbre, Puquichaca, Acero Marca, Hierbani, Checa Lupaca, Karpani, Sayaña Canchi, Ñequejahuira Kalahuancani, Milluni y Chinchaya Checa Lupasa. Éstas se encuentran en las jurisdicciones de las zonas Sur y San Antonio del municipio de La Paz.
Las condiciones de la vía
La ruta Apaña-Palca es empedrada, pero angosta para el paso de los vehículos.
Apaña se ubica después de Ovejuyo, en la zona Sur de la ciudad.
La distancia entre Apaña y Palca es de 26 kilómetros, que se cubren en unas tres horas.
Por esta ruta transitan a diario entre 50 y 100 motorizados de acuerdo con la época.
La zona es altamente productiva, por lo que precisa de rutas para transportar sus frutos.
El ancho de vía varía entre cuatro y seis metros según se avanza por el trayecto.
En época de lluvias suele presentar problemas que dificultan el tránsito.
El otro ingreso al municipio de Palca es por Río Abajo, que ahora es usado.
La intervención
La Prefectura del departamento de La Paz adjudicó este año a la empresa nacional Ecla-Convar- Olmedo los trabajos de asfaltado de la vía Apaña- Ventilla.
Esta ruta actualmente está empedrada y consta de 16 kilómetros.
La intervención consiste en la construcción de cuatro puentes de dos carriles, drenajes, asfalto y otros.
La obra estará concluida en 2011 y demandará una inversión de 55.390.875
de bolivianos.
La empresa CONSA está encargada de realizar un estudio técnico, económico, social y ambiental de la ruta que conecta desde Ventilla hasta La Granja, tramo que pasa por el municipio de Palca.
Este estudio demandará la inversión de 234.000 dólares.
Los resultados se conocerán el próximo año y permitirán buscar financiamiento y planificar la obra
El Narcoalcalde
El alcalde de Minero, Rudy Rodríguez Calderón, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fue encontrado ayer con un kilogramo de cocaína pura. El decomiso se realizó a las 15.30 en inmediaciones de la avenida Cristo Redentor, entre tercer y cuarto anillos.
Al respecto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Enrique Terán, informó que la aprehensión del edil Rodríguez fue posible gracias a una denuncia anónima.
Explicó que el alcalde fue interceptado por los agentes de la FELCN cuando él y un acompañante se trasladaban en un automóvil Toyota de color blanco. También dijo que la droga fue encontrada en una bolsa blanca donde se coloca la goma de auxilio.
Señaló que los detenidos se encuentran en la FELCN y hoy serán puestos ante un juez cautelar acusados bajo la Ley 1008. Rodríguez asumió el cargo hace tres meses para reemplazar a Braulio Mamani (Unidad Cívica Solidaridad), quien fue censurado por supuestos malos manejos económicos. Mamani había accedido al cargo tras obtener mayoría de votos en las elecciones municipales.
Al respecto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Enrique Terán, informó que la aprehensión del edil Rodríguez fue posible gracias a una denuncia anónima.
Explicó que el alcalde fue interceptado por los agentes de la FELCN cuando él y un acompañante se trasladaban en un automóvil Toyota de color blanco. También dijo que la droga fue encontrada en una bolsa blanca donde se coloca la goma de auxilio.
Señaló que los detenidos se encuentran en la FELCN y hoy serán puestos ante un juez cautelar acusados bajo la Ley 1008. Rodríguez asumió el cargo hace tres meses para reemplazar a Braulio Mamani (Unidad Cívica Solidaridad), quien fue censurado por supuestos malos manejos económicos. Mamani había accedido al cargo tras obtener mayoría de votos en las elecciones municipales.
Municipio cocalero
El alcalde del municipio de La Asunta, Reynaldo Calcina Luna, negó que más del 90 por ciento de los pobladores de su región se dedique a la siembra de hoja de coca. Hizo esta declaración en respuesta a una publicación de la revista Domingo de La Prensa.
Calcina dijo que promueve el cultivo de otros productos tradicionales, entre los que se destaca el café, y que gracias al proyecto Arpea, este grano se exporta a Alemania, Holanda y otros países europeos.
Además —siempre según la autoridad edil— apoya la producción de miel, y junto con la iniciativa Aceica se busca conquistar mercados para la coca orgánica y sus productos derivados. Algo similar sucede con la madera de la región.
Hace un par de meses, Calcina visitó Europa para finiquitar negociaciones de exportación.
El turismo, anotó, también está a punto de convertirse en un eje del progreso regional, con cuya finalidad se ha firmado un convenio con campesinos de Francia, para dar a conocer los atractivos de esta región ubicada en la provincia Sud Yungas.
La información proporcionada por Calcina hace alusión al reportaje de la revista Domingo: “El nuevo Chapare, La Asunta, el imperio de la coca yungueña”, que se difundió el anterior fin de semana a través de este medio escrito.
El Alcalde apuntó, además, que los proyectos de la Casa de Gobierno, la plaza, el estadio y el Palacio de Justicia no son financiados con recursos provenientes del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), La Asunta fue el municipio que más incremento de producción de coca registró en 2008. En la zona hubo un 16 por ciento de crecimiento.
En 2008, La Asunta tuvo una producción de 4.688 hectáreas de coca y es el segundo lugar, después de Coripata, en cuanto a la producción de hoja de coca en los Yungas paceños.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que se prepara la racionalización concertada de los cocales excedentarios. Según él, en la zona existen plantaciones de coca ilícita que se destina al narcotráfico.
Además, la misma autoridad reveló que en la zona hay “patrones” que se aprovechan del trabajo de los cocaleros en su beneficio propio.
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Calcina dijo que promueve el cultivo de otros productos tradicionales, entre los que se destaca el café, y que gracias al proyecto Arpea, este grano se exporta a Alemania, Holanda y otros países europeos.
Además —siempre según la autoridad edil— apoya la producción de miel, y junto con la iniciativa Aceica se busca conquistar mercados para la coca orgánica y sus productos derivados. Algo similar sucede con la madera de la región.
Hace un par de meses, Calcina visitó Europa para finiquitar negociaciones de exportación.
El turismo, anotó, también está a punto de convertirse en un eje del progreso regional, con cuya finalidad se ha firmado un convenio con campesinos de Francia, para dar a conocer los atractivos de esta región ubicada en la provincia Sud Yungas.
La información proporcionada por Calcina hace alusión al reportaje de la revista Domingo: “El nuevo Chapare, La Asunta, el imperio de la coca yungueña”, que se difundió el anterior fin de semana a través de este medio escrito.
El Alcalde apuntó, además, que los proyectos de la Casa de Gobierno, la plaza, el estadio y el Palacio de Justicia no son financiados con recursos provenientes del programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), La Asunta fue el municipio que más incremento de producción de coca registró en 2008. En la zona hubo un 16 por ciento de crecimiento.
En 2008, La Asunta tuvo una producción de 4.688 hectáreas de coca y es el segundo lugar, después de Coripata, en cuanto a la producción de hoja de coca en los Yungas paceños.
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que se prepara la racionalización concertada de los cocales excedentarios. Según él, en la zona existen plantaciones de coca ilícita que se destina al narcotráfico.
Además, la misma autoridad reveló que en la zona hay “patrones” que se aprovechan del trabajo de los cocaleros en su beneficio propio.
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Severino Calle Cachi
La atención de los asuntos de un municipio desde otra jurisdicción, como es el caso de la Alcaldía de Inquisivi, cuya autoridad edil, Severino Calle Cachi, tiene una oficina en la ciudad de La Paz, a 260 kilómetros de sus oficinas oficiales, no es una causal para la suspensión de los recursos fiscales, pese a que esta situación es resultado de un problema de ingobernabilidad.
El técnico del Viceministerio de Autonomías Wilgen Calderón explicó que la suspensión de cuentas por ingobernabilidad sólo procede cuando hay dualidad de alcalde o de concejo municipal o ausencia de uno de éstos, de otro modo no se considera un conflicto. Además debe existir una denuncia, ya sea de los miembros del Concejo, del Comité de Vigilancia o de otra persona, lo que da lugar a una verificación.
Calderón señaló que, debido a la autonomía municipal, se espera que todos estos conflictos sean superados dentro del mismo municipio y en la comunidad, sólo en caso de reincidencia el Viceministerio realiza un seguimiento.
Aclaró que ni la Contraloría ni la Corte Departamental Electoral pueden adoptar decisiones sobre quién se hace cargo de la Alcaldía de un determinado municipio en conflicto, en ambos casos se trata sólo de una recomendación, pues la autoridad competente es el juez que resuelve el problema con un fallo de amparo constitucional que debe ser acatado de modo obligatorio.
En relación con Inquisivi, el Alcalde cuenta con un Concejo que lo respalda y, por tanto, no está incumpliendo ningún requisito como para suspender sus cuentas, y como tener una oficina fuera del municipio no está prohibido, entonces no hay causal para aplicar una sanción.
Además, el Alcalde puede echar mano de otro argumento, que es que la norma permite sesionar al Concejo fuera de sus instalaciones en el 25 por ciento de sus encuentros.
El técnico del Viceministerio de Autonomías Wilgen Calderón explicó que la suspensión de cuentas por ingobernabilidad sólo procede cuando hay dualidad de alcalde o de concejo municipal o ausencia de uno de éstos, de otro modo no se considera un conflicto. Además debe existir una denuncia, ya sea de los miembros del Concejo, del Comité de Vigilancia o de otra persona, lo que da lugar a una verificación.
Calderón señaló que, debido a la autonomía municipal, se espera que todos estos conflictos sean superados dentro del mismo municipio y en la comunidad, sólo en caso de reincidencia el Viceministerio realiza un seguimiento.
Aclaró que ni la Contraloría ni la Corte Departamental Electoral pueden adoptar decisiones sobre quién se hace cargo de la Alcaldía de un determinado municipio en conflicto, en ambos casos se trata sólo de una recomendación, pues la autoridad competente es el juez que resuelve el problema con un fallo de amparo constitucional que debe ser acatado de modo obligatorio.
En relación con Inquisivi, el Alcalde cuenta con un Concejo que lo respalda y, por tanto, no está incumpliendo ningún requisito como para suspender sus cuentas, y como tener una oficina fuera del municipio no está prohibido, entonces no hay causal para aplicar una sanción.
Además, el Alcalde puede echar mano de otro argumento, que es que la norma permite sesionar al Concejo fuera de sus instalaciones en el 25 por ciento de sus encuentros.
Rene Perez
En el Viceministerio de Autonomía califican a la Alcaldía de Achocalla como reincidente en el congelamiento de cuentas, porque ya van tres veces que son suspendidos sus recursos como consecuencia de problemas de gobernabilidad, además de algunas demoras en la entrega de los informes financieros.
El 10 de agosto de 2006, luego de que Wenceslao Ochoa (el primer alcalde de la gestión 2005-2009) fuera destituido del cargo con una acusación de haber incurrido en corrupción, el Concejo de Achocalla nombró en su lugar, de manera interina, a René Pérez.
Éste se mantuvo en el puesto hasta el 24 de abril de 2008, casi dos años de gestión, pero fue destituido por el Concejo porque “hubo malversación de recursos, pues figuraban obras fantasma como concluidas, como el empedrado de la avenida Añahuani y la construcción de una de las dos rotondas a los extremos del tramo”.
Ante esta situación, el Concejo decidió designar como primera autoridad a Max Carlos Tórrez, quien inicialmente no logró posesionarse por la resistencia del grupo encabezado por Pérez. Tórrez, incluso, planteó un amparo constitucional que la Corte de Distrito falló a su favor.
Pérez argumentó una serie de irregularidades en el nombramiento de Tórrez para evitar su posesión, dijo que tiene juicios pendientes por apropiación indebida de una topadora que correspondía a la Prefectura del departamento de La Paz, además de haber pagado un viaje a España con recursos municipales. Ambas razones, dice, le valieron una suspensión del Concejo en julio de 2007. Pero finalmente Tórrez tomó posesión de las instalaciones municipales respaldado en el amparo constitucional.
Como resultado de esta pugna política, Achocalla no tiene obras. Al menos cuatro grandes proyectos —la perforación de pozos de agua potable, dotación de mobiliario escolar, obras del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” y dotación de agua— están paralizados y a punto de perderse porque algunos ítems requieren una contraparte edilicia.
No obstante, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 30 de abril, las cuentas de la Alcaldía de Achocalla volvieron a suspenderse. Tórrez tramitaba el descongelamiento de los fondos.
El 10 de agosto de 2006, luego de que Wenceslao Ochoa (el primer alcalde de la gestión 2005-2009) fuera destituido del cargo con una acusación de haber incurrido en corrupción, el Concejo de Achocalla nombró en su lugar, de manera interina, a René Pérez.
Éste se mantuvo en el puesto hasta el 24 de abril de 2008, casi dos años de gestión, pero fue destituido por el Concejo porque “hubo malversación de recursos, pues figuraban obras fantasma como concluidas, como el empedrado de la avenida Añahuani y la construcción de una de las dos rotondas a los extremos del tramo”.
Ante esta situación, el Concejo decidió designar como primera autoridad a Max Carlos Tórrez, quien inicialmente no logró posesionarse por la resistencia del grupo encabezado por Pérez. Tórrez, incluso, planteó un amparo constitucional que la Corte de Distrito falló a su favor.
Pérez argumentó una serie de irregularidades en el nombramiento de Tórrez para evitar su posesión, dijo que tiene juicios pendientes por apropiación indebida de una topadora que correspondía a la Prefectura del departamento de La Paz, además de haber pagado un viaje a España con recursos municipales. Ambas razones, dice, le valieron una suspensión del Concejo en julio de 2007. Pero finalmente Tórrez tomó posesión de las instalaciones municipales respaldado en el amparo constitucional.
Como resultado de esta pugna política, Achocalla no tiene obras. Al menos cuatro grandes proyectos —la perforación de pozos de agua potable, dotación de mobiliario escolar, obras del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” y dotación de agua— están paralizados y a punto de perderse porque algunos ítems requieren una contraparte edilicia.
No obstante, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 30 de abril, las cuentas de la Alcaldía de Achocalla volvieron a suspenderse. Tórrez tramitaba el descongelamiento de los fondos.
Jose Romero
José Romero, señaló que, debido a una falsa acusación en su contra, el año pasado el Concejo Municipal lo desconoció y en su reemplazo nombró a un Alcalde interino, cargo que recayó en Jesús Rea, un ex oficial mayor quien también pudo haber tenido en contra acusaciones de malversación de fondos. Debido a esta situación, las autoridades de Finanzas inhabilitaron su firma.
Según dijo, lo acusaron de la compra de una pala cargadora de chatarra que había dejado una empresa de perforación, y de pagar a un concejal suspendido. Como llegó a tener una acusación formal en contra, quedó inhabilitado para ejercer el cargo.
Sin embargo, el problema fue superado con la demostración de pruebas, “incluso el Fiscal retiró la acusación y entonces pude recobrar la Alcaldía”. Sin embargo, durante este tiempo hubo obras que quedaron paralizadas, como la construcción de un relleno sanitario, un puente colgante y dos unidades educativas, proyectos que cuentan con recursos del Gobierno central pero que precisan una contraparte municipal.
A la fecha aún las cuentas están suspendidas, pero, según señaló la autoridad, tanto los representantes comunales como los miembros del Comité de Vigilancia se encuentran tramitando la habilitación de su firma.
Según dijo, lo acusaron de la compra de una pala cargadora de chatarra que había dejado una empresa de perforación, y de pagar a un concejal suspendido. Como llegó a tener una acusación formal en contra, quedó inhabilitado para ejercer el cargo.
Sin embargo, el problema fue superado con la demostración de pruebas, “incluso el Fiscal retiró la acusación y entonces pude recobrar la Alcaldía”. Sin embargo, durante este tiempo hubo obras que quedaron paralizadas, como la construcción de un relleno sanitario, un puente colgante y dos unidades educativas, proyectos que cuentan con recursos del Gobierno central pero que precisan una contraparte municipal.
A la fecha aún las cuentas están suspendidas, pero, según señaló la autoridad, tanto los representantes comunales como los miembros del Comité de Vigilancia se encuentran tramitando la habilitación de su firma.
Edy Loayza acusado de malversación de fondos municipales
La Fiscalía presentó una acusación formal en contra del ex alcalde de Guanay Edy Loayza (CIDOB) y el técnico contratado por la comuna Roberto Reyes por la supuesta malversación de 8.500 dólares y la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y contratos lesivos al Estado.
El fiscal Félix Peralta, asignado al caso, explicó que una vez se emita la “acusación formal”, ya que se trata de una autoridad pública, ésta deja sus funciones, por tanto, Loayza estará impedido de administrar la comuna de Guanay.
La Prensa intentó comunicarse con el ex Alcalde, pero su celular estaba apagado, según la ex oficial mayor de la comuna Sofía Salas, porque “en el último tiempo está recibiendo amenazas”; sin embargo, si bien ella en un primer momento aceptó brindar una posición sobre el tema, posteriormente no contestó su celular.
En la actualidad, Guanay tiene una nueva autoridad edil, se trata de Leddy Machicado (CIDOB), quien fue elegida por el Concejo Municipal y ratificada por un cabildo en el que participaron los habitantes de las áreas urbana y rural del municipio.
Guanay se encuentra en el departamento de La Paz a unos 200 kilómetros de la sede del Gobierno. Está formada por una población urbana y cuatro cantones: Guanay, Santa Rosa de Challana, San Juan de Challana y Chacapa.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, entre algunos alimentos, pero también por la actividad minera, pues en esa región se ubican varias cooperativas auríferas. La actividad ganadera también ocupa a sus habitantes, que suman aproximadamente 12.500 personas.
Los problemas en este municipio comenzaron a finales de 2007 a raíz de una instrucción de la Contraloría de la República, que sugería la destitución de Loayza por no haber iniciado procesos coactivos en contra de las autoridades de gestiones anteriores a la suya con el objetivo de recuperar los montos adeudados a la Alcaldía.
De acuerdo con Machicado, desde ese entonces el malestar en la región fue creciendo porque, además, muchas obras quedaron truncas ante la ausencia de gestión del alcalde.
No obstante de la nota emitida por la Contraloría, Loayza presentó un amparo en Achacachi y lo ganó, y como consecuencia fue ratificado en el cargo.
El 8 de marzo de 2008 Loayza convocó a un cabildo, oportunidad en la que “su gente” agredió a los concejales hasta obligarlos a renunciar propinándoles chicotazos y golpes.
“Yo me salvé —contó Machicado— porque ese día no estuve en el lugar, me fui a mi comunidad, yo soy indígena”.
Posteriormente, señaló que los concejales presentaron un amparo para la restitución de sus funciones y lo consiguieron, pero los problemas no se superaron.
En diciembre, Loayza, cerró las oficinas de la Alcaldía con el argumento de que los concejales no lo dejaban trabajar.
Tras realizar gestiones ante las autoridades judiciales y con la presencia de un notario, los concejales y los pobladores reabrieron la Alcaldía, pero encontraron todo desmantelado.
Resulta, dijo Machicado, que Loayza se había llevado todos los objetos de valor, en especial computadoras y documentos.
El ex Alcalde presentó un nuevo amparo en Caranavi, pero en esa oportunidad la juez ordenó su destitución, luego de haberle favorecerlo en primera instancia.
El abandono
El representante del cantón San Juan de Challana, Silverio Mamani, lamentó todo lo ocurrido en el municipio e indicó que la región se sumió en un completo abandono.
De igual manera, el dirigente de la comunidad Nuevo Horizonte David Mamani señaló que la corrupción perjudicó las aspiraciones de la población, como acceder a electrificación.
Según la actual Alcaldesa, la ex autoridad edil cometió malversación de fondos al comprar un inmueble para las cooperativas mineras con recursos del Plan Operativo Anual (POA) sin que la obra estuviera considerada.
Incumplió sus funciones porque no realizó obras para la comunidad, por ejemplo, dijo, recibió 80.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” para edificar un colegio, pero apenas avanzó el 50 por ciento y dejó la obra inconclusa pese a contar con los recursos.
A la vez, indicó que la deuda de la Alcaldía es “enorme”, pero no precisó las cifras de los importes en electrificación pública, servicio de energía del hospital, pagos a la caja Cordes u otros.
El primer trimestre de 2009 fueron cambiados siete alcaldes
Entre enero y marzo de 2009, en el departamento de La Paz se registraron al menos siete cambios de alcalde debido a la ingobernabilidad generada como consecuencia de supuestos actos de corrupción cometidos por las autoridades ediles y miembros de los concejos.
De acuerdo con los datos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), los municipios que presentaron este tipo de problemas en La Paz son Mecapaca, Patacamaya, Pucarani, Coroico, Batallas, Guanay, Sicasica y Sorata.
En estos municipios el cambio del Alcalde se derivó de la presentación de acusaciones formales en su contra, toma de la infraestructura municipal e informe de suspensión.
De acuerdo con la norma electoral, las autoridades sustitutas estarán en el cargo transitoriamente hasta los próximos comicios, en 2010, cuando el voto de la comunidad elija a la nueva autoridad por cinco años.
Sin embargo, la lista de los municipios que tienen problemas de gobernabilidad aún es más amplia, según el registro del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, despacho que trabaja en la investigación de las denuncias que recibe y que luego remite al Ministerio Público.
Entre 2008 y 2009, este Ministerio recibió 109 denuncias, de las cuales a inicios de este año remitió nueve casos a la Fiscalía, el resto aún se encuentra en investigación, aunque, de acuerdo con una actualización de los datos, ya son más de diez los casos enviados a la justicia ordinaria. Entre éstos se hallan los municipios de Puerto Pérez, Caquiaviri, Guanay, Inquisivi, Achocalla, Palca, Aucapata, Pucarani y Sorata.
Acerca de Caquiaviri, el viernes 24 de abril, la Corte Superior del Distrito de La Paz, condenó a 12 años de cárcel a dos de sus ex autoridades.
El Tribunal Primero de Sentencia sentenció al ex alcalde Benjamín Ayala Cussi y al ex oficial mayor Román Laura Mamani.
Las ex autoridades edilicias fueron sentenciadas bajo cargos penales de malversación, peculado, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En oportunidad de conocerse este dictamen, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijo que “esta sentencia se constituye en un precedente para la sanción de los hechos de corrupción en municipios del país”.
En el afán de reducir e incluso eliminar la corrupción en esferas municipales, debido a que este ámbito representa un gran porcentaje dentro del total de las denuncias recibidas, el Ministerio de Transparencia impulsa el Programa de Transparencia, que incluye procedimientos de control social, rendición pública de cuentas, acceso a la información, orientados a promover la ética pública, lo que debe estar acompañado del cumplimiento de los plazos de investigación y sentencia por el Ministerio Público.
Los hechos
Los conflictos en Guanay inician a fines de 2007 por una nota de la Contraloría.
La entidad sugería la destitución del alcalde Edy Loayza por incumplir deberes.
Él presenta un amparo en Achacachi y logra su ratificación en el cargo.
El 3 de diciembre de 2008, la Alcaldía es cerrada por Loayza y “sus seguidores”.
El 12 de diciembre, el Concejo elige a Leddy Machicado como alcaldesa interina.
El 23 del mismo mes, el ente fiscalizador la ratifica y la nombra titular.
El 22 de enero de 2009, el Concejo y los pobladores logran reabrir las oficinas.
En esa oportunidad verifican que se robaron computadoras y documentos.
El 5 de abril se produce “un asalto” a la Alcaldía por los seguidores de Loayza.
El 19 de abril se realiza un cabildo que legitima a Machicado en el cargo.
El 28 de abril, la Alcaldesa logra la habilitación y el reconocimiento de su firma.
El ex alcalde de Guanay es acusado de malversación de 8.500 dólares.
El municipio
Guanay se encuentra a más de 200 kilómetros de la sede del Gobierno.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, además de la minería.
Cuenta con unos 12.500 habitantes entre el área urbana y la rural.
Los pobladores demandan escuelas, médicos , caminos y electrificación.
La actual Alcaldesa denunció agresiones por parte de Loayza, ex autoridad edil de Guanay.
El fiscal Félix Peralta, asignado al caso, explicó que una vez se emita la “acusación formal”, ya que se trata de una autoridad pública, ésta deja sus funciones, por tanto, Loayza estará impedido de administrar la comuna de Guanay.
La Prensa intentó comunicarse con el ex Alcalde, pero su celular estaba apagado, según la ex oficial mayor de la comuna Sofía Salas, porque “en el último tiempo está recibiendo amenazas”; sin embargo, si bien ella en un primer momento aceptó brindar una posición sobre el tema, posteriormente no contestó su celular.
En la actualidad, Guanay tiene una nueva autoridad edil, se trata de Leddy Machicado (CIDOB), quien fue elegida por el Concejo Municipal y ratificada por un cabildo en el que participaron los habitantes de las áreas urbana y rural del municipio.
Guanay se encuentra en el departamento de La Paz a unos 200 kilómetros de la sede del Gobierno. Está formada por una población urbana y cuatro cantones: Guanay, Santa Rosa de Challana, San Juan de Challana y Chacapa.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, entre algunos alimentos, pero también por la actividad minera, pues en esa región se ubican varias cooperativas auríferas. La actividad ganadera también ocupa a sus habitantes, que suman aproximadamente 12.500 personas.
Los problemas en este municipio comenzaron a finales de 2007 a raíz de una instrucción de la Contraloría de la República, que sugería la destitución de Loayza por no haber iniciado procesos coactivos en contra de las autoridades de gestiones anteriores a la suya con el objetivo de recuperar los montos adeudados a la Alcaldía.
De acuerdo con Machicado, desde ese entonces el malestar en la región fue creciendo porque, además, muchas obras quedaron truncas ante la ausencia de gestión del alcalde.
No obstante de la nota emitida por la Contraloría, Loayza presentó un amparo en Achacachi y lo ganó, y como consecuencia fue ratificado en el cargo.
El 8 de marzo de 2008 Loayza convocó a un cabildo, oportunidad en la que “su gente” agredió a los concejales hasta obligarlos a renunciar propinándoles chicotazos y golpes.
“Yo me salvé —contó Machicado— porque ese día no estuve en el lugar, me fui a mi comunidad, yo soy indígena”.
Posteriormente, señaló que los concejales presentaron un amparo para la restitución de sus funciones y lo consiguieron, pero los problemas no se superaron.
En diciembre, Loayza, cerró las oficinas de la Alcaldía con el argumento de que los concejales no lo dejaban trabajar.
Tras realizar gestiones ante las autoridades judiciales y con la presencia de un notario, los concejales y los pobladores reabrieron la Alcaldía, pero encontraron todo desmantelado.
Resulta, dijo Machicado, que Loayza se había llevado todos los objetos de valor, en especial computadoras y documentos.
El ex Alcalde presentó un nuevo amparo en Caranavi, pero en esa oportunidad la juez ordenó su destitución, luego de haberle favorecerlo en primera instancia.
El abandono
El representante del cantón San Juan de Challana, Silverio Mamani, lamentó todo lo ocurrido en el municipio e indicó que la región se sumió en un completo abandono.
De igual manera, el dirigente de la comunidad Nuevo Horizonte David Mamani señaló que la corrupción perjudicó las aspiraciones de la población, como acceder a electrificación.
Según la actual Alcaldesa, la ex autoridad edil cometió malversación de fondos al comprar un inmueble para las cooperativas mineras con recursos del Plan Operativo Anual (POA) sin que la obra estuviera considerada.
Incumplió sus funciones porque no realizó obras para la comunidad, por ejemplo, dijo, recibió 80.000 dólares del programa “Bolivia cambia, Evo cumple” para edificar un colegio, pero apenas avanzó el 50 por ciento y dejó la obra inconclusa pese a contar con los recursos.
A la vez, indicó que la deuda de la Alcaldía es “enorme”, pero no precisó las cifras de los importes en electrificación pública, servicio de energía del hospital, pagos a la caja Cordes u otros.
El primer trimestre de 2009 fueron cambiados siete alcaldes
Entre enero y marzo de 2009, en el departamento de La Paz se registraron al menos siete cambios de alcalde debido a la ingobernabilidad generada como consecuencia de supuestos actos de corrupción cometidos por las autoridades ediles y miembros de los concejos.
De acuerdo con los datos de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), los municipios que presentaron este tipo de problemas en La Paz son Mecapaca, Patacamaya, Pucarani, Coroico, Batallas, Guanay, Sicasica y Sorata.
En estos municipios el cambio del Alcalde se derivó de la presentación de acusaciones formales en su contra, toma de la infraestructura municipal e informe de suspensión.
De acuerdo con la norma electoral, las autoridades sustitutas estarán en el cargo transitoriamente hasta los próximos comicios, en 2010, cuando el voto de la comunidad elija a la nueva autoridad por cinco años.
Sin embargo, la lista de los municipios que tienen problemas de gobernabilidad aún es más amplia, según el registro del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, despacho que trabaja en la investigación de las denuncias que recibe y que luego remite al Ministerio Público.
Entre 2008 y 2009, este Ministerio recibió 109 denuncias, de las cuales a inicios de este año remitió nueve casos a la Fiscalía, el resto aún se encuentra en investigación, aunque, de acuerdo con una actualización de los datos, ya son más de diez los casos enviados a la justicia ordinaria. Entre éstos se hallan los municipios de Puerto Pérez, Caquiaviri, Guanay, Inquisivi, Achocalla, Palca, Aucapata, Pucarani y Sorata.
Acerca de Caquiaviri, el viernes 24 de abril, la Corte Superior del Distrito de La Paz, condenó a 12 años de cárcel a dos de sus ex autoridades.
El Tribunal Primero de Sentencia sentenció al ex alcalde Benjamín Ayala Cussi y al ex oficial mayor Román Laura Mamani.
Las ex autoridades edilicias fueron sentenciadas bajo cargos penales de malversación, peculado, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
En oportunidad de conocerse este dictamen, la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, dijo que “esta sentencia se constituye en un precedente para la sanción de los hechos de corrupción en municipios del país”.
En el afán de reducir e incluso eliminar la corrupción en esferas municipales, debido a que este ámbito representa un gran porcentaje dentro del total de las denuncias recibidas, el Ministerio de Transparencia impulsa el Programa de Transparencia, que incluye procedimientos de control social, rendición pública de cuentas, acceso a la información, orientados a promover la ética pública, lo que debe estar acompañado del cumplimiento de los plazos de investigación y sentencia por el Ministerio Público.
Los hechos
Los conflictos en Guanay inician a fines de 2007 por una nota de la Contraloría.
La entidad sugería la destitución del alcalde Edy Loayza por incumplir deberes.
Él presenta un amparo en Achacachi y logra su ratificación en el cargo.
El 3 de diciembre de 2008, la Alcaldía es cerrada por Loayza y “sus seguidores”.
El 12 de diciembre, el Concejo elige a Leddy Machicado como alcaldesa interina.
El 23 del mismo mes, el ente fiscalizador la ratifica y la nombra titular.
El 22 de enero de 2009, el Concejo y los pobladores logran reabrir las oficinas.
En esa oportunidad verifican que se robaron computadoras y documentos.
El 5 de abril se produce “un asalto” a la Alcaldía por los seguidores de Loayza.
El 19 de abril se realiza un cabildo que legitima a Machicado en el cargo.
El 28 de abril, la Alcaldesa logra la habilitación y el reconocimiento de su firma.
El ex alcalde de Guanay es acusado de malversación de 8.500 dólares.
El municipio
Guanay se encuentra a más de 200 kilómetros de la sede del Gobierno.
Se caracteriza por la producción de arroz, cacao y estevia, además de la minería.
Cuenta con unos 12.500 habitantes entre el área urbana y la rural.
Los pobladores demandan escuelas, médicos , caminos y electrificación.
La actual Alcaldesa denunció agresiones por parte de Loayza, ex autoridad edil de Guanay.
Municipio Comanche
Al igual que París, Madrid, Buenos Aires o Bogotá, La Paz tiene todavía el privilegio de lucir adoquines de granito en sus calles y avenidas, como la 20 de Octubre, la Landaeta o la Ecuador.
Estas valiosas y resbalosas piedras, que dan el toque romántico al barrio de Sopocachi, han venido desde hace más de 70 años de las canteras ubicadas en el municipio de Comanche, cuarta sección de la provincia Pacajes, y fueron un regalo a la ciudad en el cumplimiento de sus 400 años.
Pero Comanche no sólo ha dado el granito, sino también otra riqueza única, la planta de la puya raimondi, verdadera reliquia vegetal que ha contemplado a los dinosaurios 60 millones de años atrás.
Se dice que el explorador francés Alcide d’Orbigny avistó la puya en 1832, en la región cochabambina de Vacas, pero fue el italiano Antonio Raimondi quien oficialmente comunicó su descubrimiento años después y le dio nombre.
La puya crece a más de 3.000 metros de altitud sólo en Perú y Bolivia, “parece una palmera invertida” dicen algunos, pero lo que la hace especial es que llega a medir hasta 14 metros de altura y florece a los 100 años de edad para luego morir dejando más de 6 millones de semillas.
Conocedor del valor de estas dos maravillas, el municipo de Comanche, ubicado a pocos kilómetros de Viacha, ha decidido llevar adelante una estrategia turística, con la construcción de parques y miradores en granito y la implementación de un circuito turístico que recorre seis atractivos de la zona
Según el alcalde de Comanche, Juan Mamani Villca, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz, Amdepaz, y otras instituciones.
El circuito y los parques serán inaugurados oficialmente durante la fiesta de la patrona del lugar, la Virgen de las Nieves, el próximo 5 de agosto.
El circuito tiene un recorrido de seis hitos turísticos que se pueden recorrer a pie en un día: la Laguna, la Iglesia Colonial de Comanche, la ex Hacienda – Museo, el Mirador del Cerro de Comanche, donde se podrá apreciar el trabajo de los canteros y las famosas puyas, para terminar en la Roca Sapo.
El programa incluirá una serie de actividades: corrida de toros, entrada de danzas autóctonas de todo el municipio y varias ferias, del Ganado con los municipios vecinos, de Artesanías Autóctonas y de Comida Local.
También se puede planificar un recorrido por este municipio de 5.000 habitantes, 5 cantones y 29 comunidades.
ATRACTIVOS
EX HACIENDA • Casa solariega de estilo barroco italiano, construida en 1910 y amoblada en un exquisito estilo francés. Edificada en la planta baja con piedras del lugar y con muros superiores de adobe.
AGUAS TERMALES • A 10 minutos de la población de Comanche, de temperatura promedio de 30 grados centígrados a las 7 de la mañana. Actualmente, existe una pequeña piscina.
MARIQUIRI • Viejo volcán en granito de 4.700 m de altitud. Ofrece una vista majestuosa hasta el Titicaca. Alberga una centena de picapedreros y artesanos de adoquines y batanes.
Estas valiosas y resbalosas piedras, que dan el toque romántico al barrio de Sopocachi, han venido desde hace más de 70 años de las canteras ubicadas en el municipio de Comanche, cuarta sección de la provincia Pacajes, y fueron un regalo a la ciudad en el cumplimiento de sus 400 años.
Pero Comanche no sólo ha dado el granito, sino también otra riqueza única, la planta de la puya raimondi, verdadera reliquia vegetal que ha contemplado a los dinosaurios 60 millones de años atrás.
Se dice que el explorador francés Alcide d’Orbigny avistó la puya en 1832, en la región cochabambina de Vacas, pero fue el italiano Antonio Raimondi quien oficialmente comunicó su descubrimiento años después y le dio nombre.
La puya crece a más de 3.000 metros de altitud sólo en Perú y Bolivia, “parece una palmera invertida” dicen algunos, pero lo que la hace especial es que llega a medir hasta 14 metros de altura y florece a los 100 años de edad para luego morir dejando más de 6 millones de semillas.
Conocedor del valor de estas dos maravillas, el municipo de Comanche, ubicado a pocos kilómetros de Viacha, ha decidido llevar adelante una estrategia turística, con la construcción de parques y miradores en granito y la implementación de un circuito turístico que recorre seis atractivos de la zona
Según el alcalde de Comanche, Juan Mamani Villca, esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz, Amdepaz, y otras instituciones.
El circuito y los parques serán inaugurados oficialmente durante la fiesta de la patrona del lugar, la Virgen de las Nieves, el próximo 5 de agosto.
El circuito tiene un recorrido de seis hitos turísticos que se pueden recorrer a pie en un día: la Laguna, la Iglesia Colonial de Comanche, la ex Hacienda – Museo, el Mirador del Cerro de Comanche, donde se podrá apreciar el trabajo de los canteros y las famosas puyas, para terminar en la Roca Sapo.
El programa incluirá una serie de actividades: corrida de toros, entrada de danzas autóctonas de todo el municipio y varias ferias, del Ganado con los municipios vecinos, de Artesanías Autóctonas y de Comida Local.
También se puede planificar un recorrido por este municipio de 5.000 habitantes, 5 cantones y 29 comunidades.
ATRACTIVOS
EX HACIENDA • Casa solariega de estilo barroco italiano, construida en 1910 y amoblada en un exquisito estilo francés. Edificada en la planta baja con piedras del lugar y con muros superiores de adobe.
AGUAS TERMALES • A 10 minutos de la población de Comanche, de temperatura promedio de 30 grados centígrados a las 7 de la mañana. Actualmente, existe una pequeña piscina.
MARIQUIRI • Viejo volcán en granito de 4.700 m de altitud. Ofrece una vista majestuosa hasta el Titicaca. Alberga una centena de picapedreros y artesanos de adoquines y batanes.
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